Disputa política y control de la tasa de aseo marcan crisis de la basura en San Miguelito

Los residentes del distrito de San Miguelito desconocen qué ocurrirá a partir del 19 de enero de 2026 con la recolección de residuos, luego de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) no haya presentado a la Alcaldía ni al Concejo Municipal un plan de trabajo que despeje dudas como cuándo pasarán los camiones de la basura, cuál será su frecuencia y qué horarios tendrá.

Esta falta de información, que afecta a más de 300 mil residentes, se produce en medio de un debate por el control total del sistema de recolección, que incluye el cobro de la tarifa de aseo, un recaudo que durante 25 años fue manejado por la empresa Revisalud, encargada de la concesión del servicio de recolección de basura en el distrito desde 2001 hasta el próximo 18 de enero de 2026, cuando vence su contrato.

La recolección de basura en San Miguelito ha escalado de un problema operativo a un conflicto político con una demanda en la Corte Suprema de Justicia, en el que se han planteado cuestionamientos sobre la autonomía municipal y el control de una tasa de aseo que supera los 9 millones de dólares anuales.

Actualmente, la responsabilidad de la recolección de desechos en el distrito será exclusiva de la AAUD, tras la Resolución No. 01-2026, del 13 de enero de 2026, mediante la cual la Junta Directiva de esta entidad, por instrucción del Consejo de Gabinete, autorizó a la Autoridad de Aseo a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero de 2026.

Incluso el propio mandatario de la Nación, José Raúl Mulino, defendió la intervención de la Autoridad de Aseo al señalar que la medida se adoptó con base en el artículo 235 de la Constitución y en la Ley de la AAUD, que facultan al Ejecutivo a actuar cuando existen problemas de orden público que afectan a la población.

Mientras Mulino salía en defensa de la decisión de su Gabinete, a alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, demandó el jueves 15 de enero ante la Corte resolución de la AAUD alegando nulidad por violaciones a la autonomía municipal y la Ley 276, que regula el manejo de los residuos.

‘Todo huele a intereses políticos’

Guillermo García, representante del corregimiento de José Domingo Espinar y miembro de la Coalición Vamos, calificó la intervención del Ejecutivo como una decisión política que despoja al municipio de una competencia constitucional. “Aquí todo huele a intereses políticos. El problema no es la basura; el problema es un negocio que genera más de 9 millones de dólares al año en concepto de tasa de aseo”, afirmó.

García aclaró que la tasa de aseo nunca ha ingresado a las arcas del Municipio de San Miguelito, debido a un esquema de triangulación establecido desde el contrato firmado en 2001 con Revisalud, empresa que cobraba directamente a los usuarios. A su juicio, ese modelo impidió al municipio fiscalizar de manera efectiva la calidad del servicio.

Además, desmintió las afirmaciones de Mulino, quien señaló que no se entregaría la tasa de aseo al municipio después del 19 de enero. “La tasa no se le entrega al municipio desde hace 25 años. Decir lo contrario es desconocer cómo ha funcionado el sistema”, sostuvo.

Plan aprobado y contratos sin refrendo

Según el representante, el plan de transición impulsado por la alcaldesa, Irm Hernández contaba con el respaldo del Consejo Económico Nacional (CENA), luego de que el 23 de diciembre de 2025 aprobara de manera unánime los contratos temporales con tres empresas para la recolección de residuos por un período de seis meses, por un monto total de 3.8 millones de dólares.

Según explicó García, tras la aprobación del presupuesto municipal, dos de esos contratos fueron presentados a la Contraloría General el pasado 8 de enero para su refrendo.

Sin embargo, ayer 16 de enero la Contraloría General de la República informó que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en San Miguelito, alegando que encontró “múltiples inconsistencias” que impedían su viabilidad legal y administrativa.

El principal hallazgo de la Contraloría se sustentó en que la AAUD fue designada para asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero de 2026, tras la salida de Revisalud.

En este contexto, la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos resultaba jurídicamente inviable, ya que generaría una dualidad en la prestación del servicio, considerando que la AAUD había intervenido desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito por razones de orden sanitario.

Cabe recordar que el propio contralor general admitió públicamente que llamó a la alcaldesa Irma Hernández para que atendiera a los representantes de Revisalud, quienes solicitaron una prórroga de seis meses al contrato de recolección de basura, el cual vence este 18 de enero.

Cuestionamientos a la AAUD por la falta de plan

El representante de José Domingo Espinar también cuestionó la comparecencia del director de la AAUD, Ovil Moreno, ante el Concejo Municipal, el pasado jueves 15 de enero, al advertir que llegó sin un plan específico para San Miguelito. “Dijo que venía a conversar y que el plan se presentaría después. Eso no es serio cuando se anuncia la intervención de un distrito tan complejo”, afirmó.

El director de la Autoridad de Aseo en la reunión explicó que “el único interés es garantizar que no haya un problema de salud pública. En 14 días logramos controlar el excedente de basura y darle tranquilidad a la comunidad”, insistió.

Sin embargo, al ser consultado por los medios sobre la existencia de un plan, admitió que este no fue presentado durante la reunión. “No se lo presenté porque no me dijeron que querían que les diera el plan. Ellos querían conversar conmigo”, afirmó, aunque aseguró que ahora sí existe una planificación con horarios, frecuencias y rutas definidas, la cual —según dijo— será presentada “próximamente”.

La propia Hernández manifestó que no existe un plan concreto. “Hoy no nos entregan un plan. No hay definición sobre el cobro de la tasa de aseo ni claridad sobre cómo se va a operar a partir del lunes. Salimos con más preguntas que respuestas”, señaló.

Hernández dijo sentirse “temerosa, porque la principal facultad por la cual fui electa por mis vecinos hoy no está en mis manos. Me siento impotente, con mucha incertidumbre y con miedo de lo que vaya a pasar el lunes y en adelante”.

García acotó que durante la reunión el director de Aseo insinuó que podría contratar a las mismas empresas cuyos contratos no fueron refrendados para el municipio. “Eso es una definición de cinismo. Se censura al municipio, pero luego se pretende usar las mismas empresas”, sostuvo.

A criterio de García, la decisión del Ejecutivo constituye un atentado contra la autonomía municipal y el proceso de descentralización. “La Constitución y la ley respaldan al municipio. Lo mínimo es permitir que San Miguelito ejecute su plan y que luego la ciudadanía evalúe los resultados”, concluyó.

A esa crítica se suma la interrogante sobre la capacidad real de la AAUD para atender simultáneamente al distrito capital —el más poblado del país— y a San Miguelito, el segundo en número de habitantes, con una densidad urbana y una topografía particularmente complejas.

Mientras el pulso político continúa, la realidad en las calles de San Miguelito es que los pataconcitos persisten. Equipos pesados de la AAUD, como retroexcavadoras y volquetes, recorren las vías principales, pero persisten dudas sobre lo que ocurre en veredas y calles estrechas, donde el acceso es limitado y el problema de los desechos suele ser más crítico.

Yaritza Mojica

Periodista sección sociedad