La aprobación en primer debate del proyecto de Ley 571 este miércoles 8 de abril encendió las alarmas de ambientalistas, que advierten un retroceso histórico en la protección de arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares en Panamá. “Desmantelan la ley de protección de corales”, alertaron activistas, mientras el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, defiende la iniciativa como una actualización necesaria del marco legal para proteger los ecosistemas marinos estratégicos del país.
Sin embargo, los ambientalistas sostienen que la iniciativa debilita la Ley 304 de mayo de 2022, que hasta ahora prohibía cualquier intervención en estos ecosistemas. “Desmantelan la ley de protección de corales”, alertaron activistas, señalando que el proyecto introduce criterios ambiguos que podrían permitir actividades que afecten arrecifes, manglares y pastos marinos, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad costera del país.
Robinson defiende la propuesta como un paso necesario para fortalecer el marco jurídico de protección de los ecosistemas marinos de Panamá, adaptando la ley a la diversidad ecológica de las distintas regiones costeras y diferenciando entre arrecifes coralinos y pastos marinos según su fragilidad y capacidad de recuperación.
Según el diputado, Panamá posee una riqueza biológica excepcional en sus mares y costas, y proteger estos ecosistemas no solo es una obligación ambiental, sino una responsabilidad estratégica para la pesca, el turismo, la investigación científica y el desarrollo sostenible del país.
Robinson argumenta que la experiencia acumulada durante la implementación de la Ley 304 evidenció la necesidad de introducir ajustes normativos que permitan mejorar la aplicación práctica de la ley, fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y adaptar la regulación a las particularidades de cada región costera. En su visión, los arrecifes coralinos y los pastos marinos cumplen funciones complementarias, pero sus características biológicas y niveles de fragilidad justifican tratamientos regulatorios diferenciados, con mecanismos de vigilancia y gestión más específicos.
Ambigüedad y riesgos ambientales
El cambio más polémico radica en la modificación del artículo 12. Mientras la Ley 304 prohibía cualquier intervención en arrecifes, pastos marinos y ecosistemas asociados, el nuevo texto permite ciertas actividades bajo regulación del Ministerio de Ambiente (Miambiente), siempre que no causen “daño irreversible”. En el caso de los arrecifes, solo se prohibirían acciones que impliquen “daño directo”, un concepto que no está definido y que, según expertos, abre un amplio margen de interpretación.
Para las organizaciones —entre ellas Adopta Bosque Panamá, Audubon de Panamá, PROMAR y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)— esta ambigüedad debilita la protección existente. Los arrecifes coralinos no solo sufren impactos directos, sino también daños indirectos como la contaminación del agua, la sedimentación y el desarrollo costero cercano. “Limitar la protección a daños directos es ignorar cómo funcionan estos ecosistemas”, sostienen.
Los ambientalistas enviaron una carta al presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Lenin Ulate, señalando que los pastos marinos y manglares quedarían expuestos al trasladar su regulación a disposiciones futuras que aún no están definidas. La eliminación de la protección expresa para estos ecosistemas podría dejar zonas sensibles sin salvaguardas claras, aumentando los riesgos de deterioro ambiental.
La preocupación de los ambientalistas se intensifica en un contexto donde ya existen al menos 20 proyectos de construcción clasificados como Categoría I cerca o sobre humedales, con potencial impacto sobre estos ecosistemas. La flexibilización de la norma podría facilitar la aprobación de este tipo de iniciativas, aumentando la presión sobre áreas ambientalmente vulnerables.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de respaldo técnico y científico. A diferencia de la Ley 304, resultado de estudios especializados y procesos participativos, la nueva propuesta no presenta investigaciones que justifiquen los cambios ni detalla cómo se garantizará la protección ambiental bajo el nuevo esquema. Esto ha generado dudas sobre la solidez y efectividad de las medidas planteadas.
La carta enviada al presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo:
Principio de no regresión y derechos de la naturaleza
Las organizaciones advierten que el proyecto podría contradecir el principio de no regresión ambiental, reconocido en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y en la jurisprudencia panameña. Este principio establece que no se deben reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados, salvo excepciones justificadas. Además, podría entrar en conflicto con la Ley 287 de febrero de 2022, que reconoce los derechos de la naturaleza, incluyendo su derecho a existir y regenerarse libre de contaminación.
Expertos aseguran que cualquier retroceso en la protección de estos ecosistemas no solo tendría impactos ecológicos severos, sino también económicos y sociales, afectando la pesca, el turismo y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.
Panamá cuenta con aproximadamente 770 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos, principalmente en el Caribe, que albergan aproximadamente una cuarta parte de la biodiversidad marina mundial. Estos ecosistemas protegen las costas, sostienen la pesca, impulsan el turismo y son esenciales para la investigación científica.
Pero su recuperación es extremadamente lenta: pueden tardar décadas o incluso siglos en regenerarse tras daños físicos. Además, ya enfrentan amenazas como sobrepesca, contaminación y cambio climático. A nivel global, se estima que hasta el 90% de los arrecifes coralinos podría desaparecer en las próximas décadas.
Llamado a frenar el avance
Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a los diputados para rechazar el proyecto en los siguientes debates y mantener una protección “clara, directa y efectiva” para los ecosistemas marinos.
“El país no puede retroceder en materia ambiental”, advirtieron, insistiendo en la necesidad de un análisis más profundo y participativo antes de cualquier modificación de la legislación vigente.
El proyecto continuará su trámite en la Asamblea Nacional, en medio de un debate que enfrenta dos visiones: una que plantea flexibilizar la normativa para permitir intervenciones reguladas, y otra que advierte que cualquier cambio podría tener consecuencias irreversibles para los ecosistemas marinos de Panamá.
