La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional inició este viernes 23 de enero −desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)− un proceso de análisis y diálogo nacional para la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, con la participación de autoridades educativas, gremios docentes, padres de familia, estudiantes, expertos nacionales e internacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad.
Durante el acto de apertura, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Jorge Bloise, afirmó que el país enfrenta una deuda histórica en materia educativa y subrayó que el objetivo no es reformar la Ley 47 de 1946 (la norma fundamental que organiza el sistema educativo en Panamá), sino construir un nuevo marco legal que convierta los compromisos educativos en obligaciones jurídicas exigibles.
“No nos convoca un evento más, nos convoca la responsabilidad de saldar una deuda histórica mediante el inicio del análisis para una nueva Ley Orgánica de Educación”, expresó Bloise, al señalar que existe una coincidencia de voluntades entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo para impulsar una nueva normativa.
El diputado advirtió que el sistema educativo panameño atraviesa crisis estructurales en calidad, equidad, gestión e inversión, reflejadas en profundas brechas sociales. “Un niño en la comarca alcanza en promedio cuatro años menos de escolaridad que uno en la ciudad. El 20% más pobre del país apenas llega a cinco años de escolaridad, mientras que el 20% más rico alcanza 14”, detalló.
Bloise manifestó que su aspiración es que una nueva ley garantice al menos 14 años de escolaridad para todos los niños y jóvenes del país, sin importar su lugar de nacimiento.
Como parte del proceso, la Comisión anunció la instalación de mesas de trabajo con ocho sectores: el Ministerio de Educación (Meduca), docentes, padres de familia, estudiantes, organizaciones no gubernamentales educativas, universidades, sector privado y sector trabajador. Estas mesas funcionarán antes de que el proyecto formal sea presentado ante la Asamblea Nacional.
El inicio del debate contó con el acompañamiento de expertos internacionales con experiencia en reformas educativas, entre ellos Andrés Schleicher, creador del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA); Tue Halgreen, analista principal de políticas públicas educativas de la OCDE; María Victoria Angulo (Colombia) y Monserrat Creamer (Ecuador), exministras de Educación de la región, quienes aportarán evidencia sobre políticas que han funcionado y aquellas que no.
“No estamos aquí para remendar una ley antigua, sino para construir juntos un marco legal sólido que convierta la educación en una verdadera política de Estado”, afirmó Bloise.
Con respecto al proceso de diálogo, incluirá también una encuesta virtual abierta a la ciudadanía y transmisiones en línea, con el fin de ampliar la participación de la población. Además, una vez presentada la propuesta del Ejecutivo, la Comisión realizará giras regionales, incluidas las comarcas indígenas, para desarrollar un proceso de escucha activa y revisión técnica del proyecto.
“Sin prisa, pero sin pausa. El futuro de Panamá no se va a juzgar por nuestros discursos, sino por la ley que aprobemos”, concluyó Bloise.
Rezagos en la descentralización educativa
Por su parte, Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), quien participó en el evento realizado en el Parlatino —donde se presentaron expositores internacionales—, señaló que uno de los temas que más llamó la atención fue la descentralización educativa. Indicó que, aunque Panamá aprobó este modelo en 1995 mediante la Ley 28, el sistema educativo continúa altamente centralizado 31 años después, lo que limita la capacidad de acción de las direcciones regionales.
También se abordaron las pruebas internacionales, como PISA y ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), en las que —según los expositores— Panamá cuenta con los recursos económicos necesarios, pero enfrenta rezagos en el rediseño curricular.
El Meduca implementará, a partir de este año, un nuevo proceso de rediseño curricular. Sin embargo, el vocero gremial cuestionó la falta de participación de los gremios docentes en estos procesos de actualización curricular.
Con respecto al diálogo, Montero confirmó que el sector magisterial formará parte de las ocho mesas de trabajo que iniciarán el 30 de enero, junto a otros sectores, con el objetivo de discutir posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación.
Montero reiteró que los gremios están dispuestos a participar en todos los espacios de diálogo, tanto en la Comisión de Educación como en las convocatorias del Meduca; no obstante, subrayó que las deficiencias del sistema educativo responden a la falta de ejecución de la ley vigente por parte del Estado y no a su antigüedad. Añadió que los educadores esperan conocer la propuesta del Órgano Ejecutivo antes de fijar una posición definitiva sobre una nueva ley de educación.
En el evento organizado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional no estuvo presente la ministra de Educación, Lucy Molinar. Un día antes, los comisionados y Molinar se reunieron en la sede del Meduca. Tras ello, Molinar remarcó que cada uno tiene sus áreas de responsabilidad, que al Ejecutivo, a través de su ministerio, le corresponde presentar la propuesta y que a la Asamblea le compete su análisis y discusión posterior.
Bloise, por su parte, destacó que se trabajaría de forma conjunta para obtener una propuesta consensuada.
Reforma educativa debe ir sin fines políticos
En esta misma línea, Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), expresó su preocupación por la posible reforma educativa y advirtió que cualquier cambio en el sistema carecerá de legitimidad si se impone de forma vertical o con fines políticos.
La organización subrayó que la educación es un derecho fundamental cuyo vínculo primario recae en la familia y que no puede ser utilizada como herramienta de confrontación o control institucional.
El vocero de Anpafa señaló que una reforma auténtica debe construirse a partir de consensos amplios y verificables, con la participación efectiva de los padres de familia, y atender condiciones esenciales como la seguridad escolar, la infraestructura adecuada, la nutrición, el apoyo psicopedagógico y el fortalecimiento de las comunidades educativas.
En ese sentido, reiteró que no permitirán que los estudiantes sean instrumentalizados y exigió que la educación sea tratada como una política de Estado seria, humana y ajena a la politiquería.
