Alumnos del colegio Remón Cantera protestan mientras autoridades alertan sobre el uso indebido de estudiantes en manifestaciones

Alumnos del colegio Remón Cantera protestan mientras autoridades alertan sobre el uso indebido de estudiantes en manifestaciones
Un grupo de estudiantes del Colegio Remón Cantera protesta en contra de la asignación de nuevos docentes, que reemplazarán a los que estuvieron en paro de labores desde el pasado 23 de abril, hasta el 11 de julio. Tomada de redes.

A pesar del llamado realizado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien advirtió que hay menores de 17 años que están siendo utilizados para protestar y que “utilizar a los estudiantes de esta manera es ilegal y tiene consecuencias”, las manifestaciones no han cesado. Este martes 22 de julio, un grupo de alumnos del Colegio Remón Cantera cerró un carril de la Vía Israel, en dirección a San Francisco.

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La protesta de los estudiantes de este centro educativo se da en apoyo a los educadores que están siendo reemplazados y por aquellos que están siendo procesados administrativamente, y que fueron notificados antes del viernes 11 de julio, fecha en que se firmó el acuerdo para levantar la paralización que mantenían los gremios magisteriales.

Los estudiantes continúan protestando, en medio de la advertencia hecha por instituciones clave en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, como el Ministerio de Educación (Meduca), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades rechazaron el uso de menores de edad en actividades ajenas a su formación académica, como marchas y manifestaciones.

Alumnos del colegio Remón Cantera protestan mientras autoridades alertan sobre el uso indebido de estudiantes en manifestaciones
El Ministerio de Educación, hace llamado urgente a los padres de familia y estudiantes a no permitir más interrupciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cortesía

El Meduca reiteró que existen deberes fundamentales que deben cumplir los docentes, padres de familia o representantes legales, y directores de centros educativos, conforme a lo establecido en la Ley 285 del 15 de febrero de 2022.

Esta normativa no solo reconoce los derechos de la niñez y adolescencia, sino también establece la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa en garantizar un entorno seguro, respetuoso y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes.

Según el Meduca: “es inaceptable que se utilicen, como medio de presión en luchas gremiales, a los estudiantes. Ellos no pueden ni deben ser rehenes de conflictos que no les pertenecen. El país no puede permitir que se sacrifique el futuro de una generación por intereses particulares”.

Con respecto a los docentes notificados, indicó la entidad que “deben comprender que cumplir con el debido proceso, implica acatar lo establecido por la Ley. En una democracia, el cumplimiento de la Ley no puede estar condicionado por presiones externas, ni mucho menos por intentos de imponer su voluntad mediante el caos o la alteración del orden público. La Ley no se quebranta con desorden, se cumple según lo establecido”.

La ministra de Educación expresó su preocupación ante una serie de hechos que han ocurrido y que no solo vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que además ponen en peligro su integridad.

“Uno de los casos más alarmantes —señalaron— fue la difusión de un video en el que un menor con discapacidad es utilizado para leer una proclama, hecho que calificaron como especialmente grave”, afirmó la titular de Educación.

Molinar también indicó que han recibido denuncias de padres de familia sobre situaciones coercitivas, como el caso de una estudiante a la que se le impidió salir de una marcha escolar bajo amenazas. “No se puede jugar con la integridad de nuestros estudiantes. Esto tiene límites legales y consecuencias”, advirtió una vocera del Meduca.

El año lectivo 2025 ha sufrido una prolongada paralización de clases. Esta situación pone en riesgo inminente la pérdida del año escolar en el sector oficial, si estos grupos persisten en su afán de alterar el calendario lectivo.

Las instituciones enfatizaron que están obligadas a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, ya que el uso de menores como escudo en causas particulares constituye una violación de sus derechos.

Por su parte, Ana Fábrega, directora de la Senniaf, explicó que entre los deberes que deben cumplir los padres se encuentra la obligación legal de asegurar que sus hijos asistan a clases y reciban una formación académica integral. Impedir el acceso a los centros educativos o promover su cierre vulnera derechos fundamentales, lo que puede acarrear consecuencias legales.

Además, Fábrega resaltó que docentes y directores tienen la responsabilidad de actuar como primeros garantes de la protección estudiantil, y por tanto deben reportar cualquier situación que atente contra el derecho a la educación. Las autoridades reiteraron la necesidad de respetar el marco legal para proteger el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia.

El cierre de un paño de la Vía Israel por parte de los estudiantes del Colegio Remón Cantera, ha afectado el tráfico vehicular y la circulación del transporte público.


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