La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, denunció públicamente que, de manera informal y no oficial, se ha tenido conocimiento, a través de redes sociales, de que la empresa Revisalud (Recicladora Vida y Salud, S.A.) estaría amenazando con suspender el servicio de recolección de residuos en los colegios oficiales del distrito.
Esta situación se conoció apenas unos días después de que la empresa anunciara formalmente, mediante una nota de prensa, que suspenderá sus servicios en 47 centros educativos oficiales a partir del 30 de junio, debido a una deuda millonaria acumulada por parte del Ministerio de Educación (Meduca).
Durante una declaración dirigida a la comunidad, Hernández manifestó su preocupación ante esta posible medida y explicó en detalle el contexto legal y contractual que rige la relación entre el municipio y la empresa concesionaria.
La alcaldesa explicó que el contrato de concesión, firmado hace casi 25 años con Revisalud, establece en su cláusula número uno la obligación de brindar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos de origen doméstico, comercial y educativo, incluyendo a las escuelas del distrito.
Asimismo, recordó que, posteriormente, se firmó una adenda que establecía un pago adicional por parte del Meduca a la empresa para cubrir la recolección de basura y el corte de herbazales en los centros educativos. No obstante, Hernández advirtió que dicha adenda nunca fue refrendada por la Contraloría General, por lo que calificó esos pagos como ilegales e irregulares.
La alcaldesa también presentó informes elaborados por directores de escuelas que, según sus palabras, evidencian un servicio deficiente por parte de la empresa. Uno de los casos mencionados fue el del Colegio José de San Martín, en diciembre de 2024, donde —según el documento— la basura solo se recogía tras llamados reiterados por parte de la administración del plantel. Otro caso citado fue el del IPT Ángel Rubio, cuyo director calificó el servicio como “pésimamente” prestado.
Frente a esta situación, Hernández advirtió a la empresa que, aunque los pagos por la adenda se hayan detenido debido a su ilegalidad, la cláusula original del contrato la obliga a seguir prestando el servicio en los centros escolares. También hizo un llamado al Ministerio de Educación y al Gobierno Central para que, en caso de que Revisalud incumpla sus obligaciones, se contemple el apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a las escuelas del distrito.
Finalmente, la alcaldesa recordó que el contrato con Revisalud está próximo a vencerse y expresó su esperanza de que, una vez concluido, se pueda contratar a una empresa que garantice un servicio eficiente, digno y de calidad para todo San Miguelito.
Por su parte, la empresa Revisalud informó que, desde noviembre de 2022, ha prestado el servicio de limpieza en los planteles educativos sin recibir pagos del Estado, acumulando una deuda de $1,389,017.27. A pesar de ello, ha mantenido la continuidad operativa utilizando recursos propios.
“La continuidad de este servicio esencial ha sido sostenida exclusivamente por nuestro compromiso institucional con la comunidad educativa, conscientes del impacto sanitario y operativo que una interrupción podría causar en las escuelas. Sin embargo, hemos llegado a un punto de desequilibrio financiero insostenible”, señaló Daniel Manrique, gerente general de Revisalud.
Aunque el Meduca ha expresado su disposición para saldar la deuda, los pagos no han podido concretarse debido a la falta de renovación del convenio interinstitucional con el Municipio de San Miguelito. Este convenio es indispensable para viabilizar los desembolsos y garantizar la legalidad de la transferencia de fondos.
