Trece organizaciones de la sociedad civil solicitaron la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, tras advertir fallas graves en la gestión del ministerio y en la supervisión de centros que atienden a poblaciones vulnerables.
En una carta fechada el 18 de marzo de 2026, las organizaciones cuestionaron el desempeño del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y afirmaron que la actual conducción institucional no garantiza una respuesta adecuada frente a denuncias de maltrato, negligencia y deficiencias operativas en centros bajo su responsabilidad.

El pronunciamiento se apoya en hallazgos documentados por la Defensoría del Pueblo, que en septiembre de 2025 reportó violaciones a derechos humanos en un centro de atención para personas mayores.
Según ese informe, el Mides omitió inspecciones oportunas y no ejecutó procedimientos adecuados, pese a denuncias reiteradas sobre maltrato, fallas en la administración de medicamentos, problemas en la alimentación y condiciones deficientes de infraestructura.
Las organizaciones también citaron denuncias recientes sobre el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que atiende a niños, niñas y adolescentes en riesgo social.
En febrero pasado, durante una visita que realizó a este albergue la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional. detectó irregularidades en el sitio que incluyen deterioro de instalaciones, falta de personal capacitado, convivencia entre menores y adultos, así como posibles casos de maltrato y abuso.
Brenes presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
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Días después, los adultos fueron trasladados a otro centro. El pasado 3 de marzo, Ana Fábrega renunció a la dirección de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). El presidente José Raúl Mulino designó a Lilibeth Cárdenas en su lugar.
La carta de las organizaciones civiles agrega otro frente de conflicto: tensiones entre el Mides y la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afrodescendientes, lo que, a juicio de los firmantes, evidencia problemas de coordinación institucional.
Las organizaciones dicen que estos hechos reflejan fallas estructurales en el sistema de protección social y en la supervisión estatal de albergues, un problema que ha persistido pese a cambios de autoridades en los últimos años.
En ese contexto, los firmantes concluyen que la permanencia de Carles Arango en el cargo no ayuda a recuperar la confianza pública ni asegura una gestión técnica y responsable. Por ello, exigen su salida y sugieren que se realice una evaluación externa, independiente e integral del Mides, con resultados públicos y plazos verificables de cumplimiento.
“Solicitamos la renuncia de la actual ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, al considerar que su permanencia en el cargo no contribuye a restablecer la confianza pública ni garantiza la conducción técnica, diligente y responsable que exige una institución de esta naturaleza”, manifiestan los grupos en el comunicado.
¿Quiénes son?
Las organizaciones que respaldan la solicitud son la Alianza de Mujeres de Panamá, Centro de Estudios de la Familia, Coalición por EIS, Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, Épica Fundación, Espacio Encuentro de Mujeres, Fundación Claresas, Fundación para la Equidad de Género, Hackeo Feminista, Isadora Duncan - Panamá, Jubilados y Pensionados por Panamá y Unión Nacional de Mujeres de Panamá.
Citación en la Asamblea
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra Carles para que responda un cuestionario sobre la crisis que rodea al Centro de Atención Integral de Tocumen y, en general, sobre el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes bajo supervisión del Estado.
La cita está agendada para el próximo 1 de abril.



