La junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) adoptó este lunes 9 de febrero un paquete de medidas inmediatas tras celebrar una reunión extraordinaria, motivada por la denuncia relacionada con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento de la institución.
Según informó el organismo, la sesión tuvo como objetivo definir un plan de acción urgente frente a los señalamientos conocidos y se tradujo en la aprobación de acciones “concretas, inmediatas y verificables”, orientadas a proteger a la población bajo custodia del Estado, fortalecer los mecanismos de supervisión y asegurar una gestión alineada con los estándares técnicos y legales vigentes.
Entre las primeras decisiones, la junta directiva ordenó una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen, que será realizada este lunes 9 de febrero por un equipo técnico interinstitucional y especializado. La finalidad de esta diligencia es corroborar la situación real del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, de acuerdo con los protocolos de protección establecidos.
Otras medidas
Además, se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar. Esta medida implica la transferencia de estas personas a otras instituciones, con el objetivo de garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, bajo un enfoque de derechos y de protección integral.
La junta directiva, presidida por la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, también acordó definir, en el corto plazo, alternativas seguras y viables para la movilización de la población adulta, priorizando opciones que permitan una atención especializada. Estas alternativas, precisó la entidad, serán evaluadas con criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y de condiciones reales de atención.
En materia de control interno, se decidió reforzar la supervisión institucional y realizar una evaluación administrativa de la Senniaf. En atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 14 de 2009, que atribuye a la junta directiva la función de supervisar el funcionamiento y la administración de la entidad, se aprobó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario.
Este equipo se presentará en las instalaciones de la Senniaf el martes 10 de febrero para llevar a cabo una evaluación de gestión y elaborar un informe de hallazgos, el cual servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de los correctivos que resulten necesarios.
La junta directiva de la Senniaf está integrada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.
Finalmente, se acordó emitir una resolución formal que ordene la ejecución de todas las medidas aprobadas, estableciendo responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento. La entidad reiteró que la protección de la niñez y de las poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado es una prioridad absoluta y que estas acciones se desarrollarán con supervisión directa, documentación formal y seguimiento permanente.
Todo esto se da luego de una denuncia presentada por la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, relacionada con abusos en el albergue de Tocumen. Senniaf está bajo la dirección de Ana Melinda Fábrega Guardia.
