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SIP alerta sobre riesgos de propuesta que modifica el derecho a réplica en Panamá

SIP alerta sobre riesgos de propuesta que modifica el derecho a réplica en Panamá
Este pronunciamiento se suma a otras voces gremiales del periodismo que han expresado su rechazo a esta propuesta

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, alertó sobre el riesgo que representa la propuesta legislativa que busca modificar el derecho a réplica en Panamá.

Ramos resaltó que el derecho a réplica tiene como principio ético fomentar un periodismo responsable, plural y transparente. Además, destacó que mantiene el equilibrio entre la libertad de prensa y la responsabilidad social.

“La iniciativa que se impulsa en Panamá rompe este equilibrio intentando debilitar el derecho de informar y de estar informado”, afirmó Ramos.

Este pronunciamiento se suma a otras voces gremiales del periodismo que han expresado su rechazo a esta propuesta, que fue aprobada de forma unánime en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Lea aquí: Reforma al derecho a réplica aviva debate entre diputados y gremios periodísticos: ¿regular lo que ya está normado?

Organizaciones periodísticas como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí también advirtieron que, tal como está planteada, la iniciativa altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

Las organizaciones sostienen que el proyecto transforma un principio tradicional de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo coercitivo sujeto a eventuales sanciones judiciales.

La propuesta, identificada como el proyecto de ley 391, busca reformar la Ley 22 de 2005 (que regula el derecho a réplica) y redefine las condiciones bajo las cuales los medios de comunicación deberán publicar rectificaciones cuando una persona considere que ha sido afectada por información inexacta o agraviante.

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