En una audiencia de garantías múltiples celebrada el pasado domingo 8 de marzo en Panamá Oeste, la jueza de garantías Ruth Aizpú legalizó la aprehensión de siete personas y dio por formulada la imputación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.
Los cargos incluyen dos modalidades: afectación a los recursos naturales y violaciones vinculadas a la tramitación, aprobación y cumplimiento del ordenamiento urbanístico territorial.
La solicitud fue presentada por la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, tras una diligencia judicial realizada por su despacho en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
La investigación está relacionada con un operativo de seguimiento y vigilancia a un proyecto urbanístico en Punta Chame, donde las autoridades sospechan que se habrían cometido múltiples infracciones a la normativa ambiental.
El proyecto es impulsado por la sociedad Megamar Corp, la cual ha sido denunciada en redes sociales por vecinos del área de Chame.
Desarrollo inmobiliario
De acuerdo con la Fiscalía, las acciones de vigilancia se enfocaron en un desarrollo inmobiliario que presuntamente avanzaba sin respetar varias disposiciones ambientales. Las pesquisas buscaban verificar denuncias sobre intervenciones irregulares en un área costera de alto valor ecológico.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público de Panamá también solicitó la aplicación de medidas cautelares contra los investigados, consistentes en la prohibición de salida del país y la prohibición de reunirse o acercarse al lugar donde se ejecuta el proyecto. La petición fue acogida por la jueza Aizpú tras escuchar a la defensa particular de los imputados, representada por el abogado Porfirio Batista Pineda.
Antes de la audiencia de solicitudes múltiples, el tribunal celebró una diligencia de control posterior solicitada por la Fiscalía. El objetivo era que el juzgado validara las actuaciones de vigilancia, seguimiento y allanamiento que condujeron a las aprehensiones realizadas días antes.
Una vez expuestos los elementos del caso por la Fiscalía Superior Ambiental y escuchados los argumentos de la defensa, la juzgadora consideró justificada la diligencia, al estimar que se cumplió con los parámetros legales y que las actuaciones fueron proporcionales a la gravedad de los hechos investigados.
Antecedentes
El proceso judicial se vincula con una investigación iniciada de oficio por el Ministerio de Ambiente de Panamá en mayo de 2025, luego de que medios de comunicación difundieran denuncias sobre presuntas afectaciones ambientales en una zona costera de Punta Chame mediante un proyecto turístico que abarcaría más de 20 hectáreas.
Según resoluciones de MiAmbiente y de la Alcaldía de Chame, las posibles irregularidades incluyen la construcción de obras en coordenadas fuera de los polígonos aprobados en los estudios de impacto ambiental, la afectación de áreas de manglar y de sitios de desove y anidamiento de tortugas, así como la remoción de arena.
Como parte de la investigación, el 25 de febrero de 2026 la Fiscalía Especializada de Ambiente emitió una resolución que comisionó a la DIJ para realizar operativos de vigilancia y seguimiento que se extendieron hasta el 6 de marzo, cuando se efectuó el allanamiento que derivó en las aprehensiones.
Paralización
En el Ministerio de Ambiente hay procesos administrativos en curso, y la entidad ha ordenado la paralización indefinida de la obra.
Las autoridades ambientales mantienen bajo vigilancia un proyecto en el sector de Punta Chame, luego de que el pasado 19 de enero se ordenara la paralización preventiva de la obra ante la presunta afectación ambiental vinculada a una posible extracción ilegal de arena. La medida fue adoptada por el Ministerio de Ambiente como parte de las acciones administrativas dirigidas a frenar actividades que podrían comprometer los ecosistemas costeros del corregimiento de Chame.
La institución recordó que el proyecto permanece oficialmente suspendido mientras avanzan las investigaciones y los procesos administrativos en curso. Asimismo, advirtió que cualquier desacato a la orden de paralización podría derivar en sanciones administrativas severas y en el inicio de procesos legales por posibles delitos ambientales, en caso de comprobarse irregularidades en el desarrollo de las obras.
