La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, presentó el proyecto Sancus Panamá, el cual tiene el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones del Estado a través de la sociedad civil organizada.
Sancus (siglas en inglés de Strengthening Accountability Networks Among Civil Society) es un proyecto internacional presente en unos 20 países, financiado por la Unión Europea y liderado por Transparencia Internacional.
“En Panamá, evaluaremos las facultades y la actuación de la Asamblea Nacional en su rol de fiscalización, utilizando criterios e indicadores basados en estándares internacionales y abogaremos por el fortalecimiento de la institución y la participación efectiva de la sociedad civil”, señaló José Benítez, coordinador del proyecto en Panamá, en un acto de presentación celebrado ayer martes.
Según los lineamientos del proyecto, dentro de las funciones que debería cumplir de manera eficaz la Asamblea Nacional está exigir un mejor desempeño de otras instituciones gubernamentales y acceso a servicios públicos de calidad, asignar y ejecutar eficazmente el gasto público, además de lograr un mejor entendimiento y participación inclusiva de la población en los asuntos públicos, y una mayor transparencia y apertura por parte de instituciones gubernamentales.
“Sancus tiene un objetivo: saber qué nos falta para lograr un mejor rol y una medición de la rendición de cuentas que esté haciendo la Asamblea Nacional en ese importante rol. Allí no solamente está la fiscalización de los fondos a través del presupuesto nacional, que es quizá uno de los aspectos más dramáticos de los que nos enteramos”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundación, Olga de Obaldía.
Agregó que la única manera de mejorar la gestión parlamentaria es “medir qué se hace bien, qué no se hace o se hace a medias, o qué está dentro de las estructuras de opacidad que requiere cambiar hacia una gestión de transparencia”.
El diputado Independiente Gabriel Silva, uno de los panelista invitados al evento, resaltó que si bien la Constitución establece diferentes elementos de fiscalización, esenciales para combatir la corrupción y para la división de poderes, “lastimosamente, en la práctica el elemento de fiscalización es un arma de doble filo”.
Según Silva, algunos diputados utilizan para su beneficio las propias herramientas que tiene el Legislativo para supuestamente combatir la corrupción, como métodos de presión para recibir algún tipo de dádivas, beneficios, retribución personal o para continuar haciendo política.
“En la realidad tenemos una Asamblea Nacional donde la gran mayoría de los diputados no utiliza las herramientas con el objetivo de fiscalizar y, como hemos visto, que a pesar de que no sean del partido de gobierno actual, terminan trabajando en conjunto. Solo utilizan las fiscalizaciones para show mediáticos y beneficios personales”, sustentó.
La Constitución, además de darle la facultad al Legislativo de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la República, le da la potestad de emitir votos de censura contra ministros de Estado, designar al contralor y citar a funcionarios para que rindan cuenta de su gestión, entre otras cosas.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2020 colocó a la Asamblea Nacional en la posición décima entre trece parlamentos de América Latina, con una puntuación media de 39.5 sobre 100 -siendo 100 el puntaje más transparente y 0 el más opaco-. Este índice mide dimensiones como normatividad, labor del congreso, presupuesto, administración interna y participación ciudadana.
Según De Obaldía, la Asamblea tiene un gran camino que recorrer para convertirse en una institución que rinda cuentas por ella misma.
“Queremos poder generar lo que llamamos una rendición de cuentas horizontal, aquella que un poder se debe a otro poder”, remarcó.
