La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda interpuesta por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) contra la Caja de Ahorros (CA), por la supuesta mala prestación de servicios al cerrarles sus cuentas bancarias en noviembre de 2023, en medio de las protestas contra la minería en el país.
En consecuencia, el grupo sindical exige $5 millones al banco estatal en concepto de “daños materiales y morales”.
Así consta en un documento de la Sala Tercera de la Corte firmado por el magistrado Cecilio Cedalise, ponente del caso, donde también se ordena enviar copia de la demanda al gerente general de la CA, Andrés Farrugia, para que rinda un informe “explicativo de conducta” sobre los hechos que sustentan el recurso presentado por el sindicato.
La demanda del Suntracs fue presentada por los abogados Rolando Murgas Torraza (apoderado principal), Jean Carlos Fuentes, Alejandra Chong Torok, Antonio Vargas y Melani Méndez, quienes actúan como apoderados sustitutos.
Adjuntos
Admisión de la demanda.pdfRigoberto González, procurador de la Administración hasta este 31 de diciembre, cuestionó la admisión del recurso, pues la Sala Tercera ya había rechazado una primera demanda, similar a la actual.
“Hace poco nos notificaron de una demanda que se presentó contra la Caja de Ahorros y, en este caso, el magistrado ponente no la admitió basándose en el primer fallo que se presentó contra el caso Waked. Es decir, ese no es un tema para debatir vía contencioso administrativo”, aseguró a La Prensa.
Sin embargo, González también contó que luego se presentó una “paradoja”, pues se admitió una segunda demanda, prácticamente con los mismos hechos. “Entonces uno se pregunta: ¿a qué estamos jugando?”, planteó.
Las contradicciones de la Sala Tercera
El procurador González cuestionó este tipo de decisiones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo siempre he sido muy respetuoso, muy institucional, de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y, concretamente, de la Sala Tercera. Pero hay fallos que uno no alcanza a entender. Uno no entiende por qué no puede haber en un tribunal de justicia fallos tan contradictorios, porque eso le quita credibilidad y legitimidad a un tribunal de lo que implica la Corte Suprema de Justicia. Y, por lo tanto, son esos temas los que siempre a uno le crean estas inquietudes”, dijo.
Siguió: “Yo entiendo que un tribunal puede variar su jurisprudencia, pero primero tienes que decir: ¿por qué vas a variar? Y, segundo, ¿por qué hay nuevos criterios? Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que un día, en un caso similar, nos dicen una cosa que no procede, y al otro día, frente a un caso similar, ahora sí procede. Y uno entonces se pregunta: ¿cómo manejar estos criterios tan encontrados en un tribunal como este? Y reitero… la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Con el respeto que debo mantener a los magistrados”, añadió.
Contra la SBP
El Suntracs también presentó una demanda contra la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte, por supuesto “silencio administrativo”. Por el momento, se desconoce el estatus de la misma.
Esta acción legal fue promovida por el abogado Antonio Vargas y busca que se declare “nulo” y “sin efecto legal” todo trámite o actuación efectuada vinculadas al cierre de las cuentas. Aquí se detalla que el 13 de noviembre de 2023, la CA les informó que les había cerrado las cuentas bancarias debido a “políticas internas”, entre otros.
El contexto del caso
En noviembre de 2023, en medio de las masivas protestas ciudadanas contra el contrato que había pactado el Estado y Minera Panamá para extraer cobre en Donoso por hasta 40 años, la CA cerró al menos 18 cuentas del Suntracs, alegando “políticas internas del banco”.
Por esos días, el sindicato participó activamente en las protestas, incluso con acciones de cierre de vías.
En ese entonces, el sindicato presentó una queja administrativa contra el banco estatal ante la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) por presuntamente violar el secreto bancario, argumentando que el banco filtró información al diario La Estrella de Panamá, que fue el primero en informar sobre la decisión adoptada por la CA, citando una fuente “oficial”.
El 4 de enero de 2024, el Suntracs denunció a La Estrella de Panamá por la supuesta comisión de apología del delito, contra el honor y la seguridad económica.