La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, presentó este martes su renuncia al cargo, en medio de una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.
El anuncio se produjo tras varios días de cuestionamientos públicos y exigencias de explicaciones por parte de organizaciones civiles y de diputados como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, quienes reclamaban acciones concretas frente a las acusaciones.
Fábrega debía asistir este martes a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.
La polémica
La directora de Senniaf dejó el cargo sin ofrecer explicaciones públicas sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se denunciaron presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad rectora del sector, tampoco se solicitó formalmente una rendición de cuentas a la funcionaria saliente, lo que ha profundizado los cuestionamientos sobre la supervisión y los mecanismos de control dentro del sistema de protección estatal.
A este escenario se suma que el pasado 20 de febrero se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, encuentro que dejó al descubierto tensiones institucionales, cuestionamientos políticos y un debate de fondo sobre el modelo de atención.
La reunión fue presidida por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de titular de la entidad y presidenta del Consejo. Durante la sesión, Carles sostuvo que la institucionalización de menores —es decir, aquellos bajo protección del Estado— “debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado”, y abogó por fortalecer políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar.
Los cuestionamientos
Sin embargo, la diputada Brenes ofreció una lectura más crítica de la reunión. “No fue más que un desahogo de temas que ya se han hablado con anterioridad en estas reuniones”, afirmó.
Según indicó, no se pudo profundizar en asuntos como los planes individualizados para menores con discapacidad ni en las condiciones de alimentación.
Aquella vez, también cuestionó que la directora del Senniaf permaneciera en la mesa pese a estar bajo investigación del Ministerio Público.
“Yo manifesté desde un inicio que no me parecía prudente que, aun siendo yo la denunciante de la directora, ella se mantuviera en la mesa”, señaló. A su juicio, esa situación limitó la posibilidad de formular preguntas directas.
Actualmente, el sistema alberga a cerca de mil menores en unos 48 centros, cifras que vuelven a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para garantizar su protección.
