La pregunta sobre quién está al frente del corregimiento de Barrio Norte, en el distrito de Colón, cuya junta comunal administró al menos $14 millones provenientes del polémico programa de descentralización paralela, sigue sin una respuesta clara desde que el representante Javier Lynch quedó bajo detención provisional por orden judicial.
El origen de la crisis institucional se remonta a abril pasado, cuando el juez de garantías Ángel Santos imputó cargos por el presunto delito de peculado y ordenó la detención provisional de Lynch y del tesorero de la junta comunal, Orlando Salazar.
Durante una audiencia que se extendió por casi cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que ambos funcionarios habrían cometido irregularidades en el manejo de fondos públicos por hasta $6 millones transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización.
Sin embargo, esta problemática es el resultado de una sucesión de acontecimientos poco comunes. En las elecciones de 2024, el candidato que obtuvo la representación de Barrio Norte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar, también ganó una curul en la Asamblea Nacional.
Salazar optó por ejercer como diputado y dejó el cargo comunal en manos de su suplente, Javier Lynch, tal como establece la normativa electoral. No obstante, lo que parecía una transición rutinaria cambió de rumbo cuando el suplente fue vinculado a una investigación penal relacionada con actuaciones atribuidas a la junta comunal.
Las consecuencias
Las consecuencias del caso trascienden el expediente judicial. Cada junta comunal administra recursos públicos, ejecuta proyectos comunitarios, coordina programas municipales y mantiene una relación permanente con los residentes del corregimiento. Por ello, la incertidumbre sobre quién puede ejercer la representación de Barrio Norte también plantea interrogantes sobre la continuidad de la gestión administrativa.
Esto llevó al alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván, a buscar orientación jurídica. Mediante una consulta formal dirigida a la Procuraduría de la Administración, solicitó que se determinara si el representante conserva la capacidad legal para ejercer sus funciones o si existe algún mecanismo que permita garantizar la continuidad administrativa de la junta comunal.
Como alternativa, el municipio planteó que el alcalde asumiera temporalmente la administración de la junta comunal, al sostener que el artículo 43 de la Ley 106 lo reconoce como jefe de la administración municipal.
Ante esta consulta, la Procuraduría de la Administración optó por no pronunciarse sobre el fondo del conflicto. En una respuesta firmada por la procuradora Grettel Villalaz de Allen, la institución recordó que sus competencias se limitan a emitir opiniones dentro del ámbito jurídico-administrativo y que no puede sustituir a las autoridades con facultades constitucionales para resolver controversias relacionadas con cargos de elección popular.
En otras palabras, la Procuraduría evitó definir si un representante detenido puede o no seguir ejerciendo el cargo, dejando intacto el principal interrogante planteado por el municipio.
Juristas como el exprocurador de la administración, Rigoberto González, plantean que el Código Administrativo contempla un mecanismo para suplir la ausencia de determinados funcionarios.
De hecho, el artículo 769 del Código Administrativo establece que, cuando un empleado falte de manera absoluta y no pueda ser reemplazado por su suplente, la primera autoridad política del lugar deberá nombrar un empleado interino e informar de inmediato a la autoridad competente para proveer el cargo.
Bajo esa interpretación, la primera autoridad política en el distrito sería el alcalde, aunque la aplicación de esa disposición a un cargo de elección popular sigue siendo objeto de debate.
La Junta Comunal de Barrio Norte recibió $14.1 millones del programa de descentralización paralela entre junio de 2021 y mayo de 2023, convirtiéndose en la que más recursos obtuvo bajo ese mecanismo en todo el país.
El volumen de fondos asignados y las presuntas irregularidades en su manejo dieron paso a investigaciones del Ministerio Público, que derivaron en la imputación por presunto peculado y la detención provisional del representante y del tesorero de la junta comunal.
