Nadia Del Río Fernández, abogada de 42 años, era considerada una de las mujeres más influyentes del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo (2019-2024). Fue su asistente, aunque en la planilla oficial tenía el cargo de directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, puesto por el que recibía $6,000 mensuales.
Ahora, lejos de los entresijos del poder, concedió una entrevista a Noticias 180 Minutos, conducida por el periodista Álvaro Alvarado. En ese espacio habló de las tareas que le correspondían en el Palacio de las Garzas, su participación en tres juntas directivas y rechazó que se enriqueciera como producto de su labor en el gobierno.
Primero se describió como “madre” y orgullosa de sus raíces indígenas y campesinas. Contó que ingresó al mundo laboral a los 16 años y que su entrada al servicio público ocurrió en 2004, durante el gobierno de Martín Torrijos. También trabajó en la Secretaría de Transparencia durante la gestión de Alma Montenegro de Fletcher. Su llegada Partido Revolucionario Democrático (PRD) contó, fue en 2001.
A Cortizo lo describió como “un hombre extraordinario”, “con carácter” y “líder”.
Los nombramientos desde palacios
Su rol como asistente presidencial, narró, se enfocó en la gestión de recursos humanos y la coordinación interinstitucional. En la pasada administración, algunos diputados perredistas se quejaron de que la “comisión de nombramientos de la Presidencia” no tomaba en cuenta a su gente para puestos en el Estado. Por aquellos días, señalaron que quien lideraba ese grupo era precisamente Del Río.
Sin embargo, esta abogada afirmó que su labor no implicaba poder absoluto. Manifestó que consistía en garantizar el cumplimiento de procedimientos administrativos y el perfil adecuado para los cargos. Mencionó que, como mujer, enfrentó críticas injustas basadas en estereotipos de género.
Rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito, enfatizando que su situación financiera no coincide con las afirmaciones de que es millonaria. Señaló que enfrenta las mismas obligaciones económicas que muchos panameños y que no posee denuncias legales en su contra.
“Yo no soy millonaria, ojalá lo fuera, porque no tendría que estar pensando todas las quincenas cómo pagar la planilla en mi oficina, cómo pagar mis tarjetas de crédito, cómo pagar mis hipotecas, cómo pagar el leasing de mi carro”, narró.
Las juntas directivas
Dijo que solo participó en tres juntas directivas (Banco Hipotecario Nacional, Agencia Panamá Pacífico y Registro Público). Negó que cobrara dietas por miles de dólares. Explicó que estas juntas únicamente le generaron $9,880. “Si nosotros dividimos eso en los 60 meses de administración pública, estamos hablando de un aproximado de $164 y algo de sencillo”, contó.
Esos $9,880, aseguró, los donó al programa Panamá Solidario.
También negó tener alguna relación con Sicarelle Holdings, empresa a la que se asignaron millonarios contratos durante el gobierno pasado. Admitió que conoce a los dueños, pero aseguró que no tiene nada que ver con la compañía.
Asimismo, afirmó que no se hizo una cirugía bariátrica con dinero del Estado, argumentando que la operación la realizó en 2016 con su propio dinero.
Durante el pasado gobierno, el Ministerio de la Presidencia desembolsó al menos $711,288.64 para pagar cirugías bariátricas a 46 personas.