El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 16 de abril al choque entre el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, y el contralor general, Anel Flores, un episodio que evidenció tensiones entre dos de las instituciones clave del Estado.
Mulino aseguró que se trata de un tema que “se ha estado resolviendo” y evitó emitir un juicio de valor, pese a reconocer su formación jurídica.
“Sí, en efecto, soy abogado, pero también soy el presidente de la República, y no voy a emitir un juicio de valor sobre esos temas”, declaró en su conferencia semanal, que esta vez tuvo como escenario la Ciudad de Las Artes, en Los Llanos de Curundu.
El mandatario panameño explicó que conversó por separado con ambos funcionarios, quienes —según dijo— le presentaron sus respectivas versiones de los hechos. Tras esas conversaciones, pidió que se superen las diferencias para garantizar la continuidad del trabajo institucional.
“Les he pedido que allanen las diferencias que haya que allanar y sigan trabajando. Los dos son importantes en la administración pública, en favor de los beneficios del Estado, la investigación de delitos”, expresó.
Mulino también manifestó “sorpresa” por la situación, al señalar que el incidente lo tomó desprevenido. “Hasta allí, no me voy a meter en un problema que verdaderamente me sorprendió igual que ustedes”, afirmó.
Las diferentes entre Flores y Gómez Rudy se da en medio de una relación marcada por tensiones previas. El último episodio lo conoció casi todo el país: Flores llegó -sin avisar y sin invitación- a las oficinas de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ubicadas en el edificio Central Park, en la vía Transístmica, acompañado del subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios. Fue a ese lugar, según un comunicado de la Contraloría, para “conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados”.
La entrevista con las auditoras es parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. El Ministerio Público informó que el contralor irrumpió en la diligencia.
Distintas voces de la sociedad civil y sectores políticos del país han manifestado que la separación de poderes está en juego, que el Estado de derecho queda en jaque, y hay un “autoritarismo, extralimitación de funciones”.
