Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social, comparece este miércoles 1 de abril en el pleno de la Asamblea Nacional para responder preguntas sobre el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión del Estado.
El tema entró en la agenda pública en febrero pasado, cuando la diputada Alexandra Brenes, de la bancada independiente Vamos, denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El Legislativo reordenó su jornada y adelantó la sesión del pleno: pasó de la tarde a la mañana.
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La titular del Mides responde un cuestionario de al menos 42 preguntas.
Carles de Arango se presentó ante los diputados a las 11:12 a.m. Estaba rodeada por personal que integra su equipo de trabajo, entre ellos, Lilibeth Cárdenas, la nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Minutos antes de que la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se acomodara en su silla en el pleno, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, cuestionó que en ese momento solo estuvieran 49 de los 71 diputados para un acto tan relevante. Habló de varias sillas vacías.
Eso generó la primera fricción del día. Su colega Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM), le reclamó. Le dijo que no sabía contar y que sí existía el cuórum. La escena se repitió varias veces por distintos motivos.
Carles de Arango, quien asumió el máximo cargo del Mides el 1 de julio de 2024, cuando José Raúl Mulino asumió el poder, vestía una chaqueta de color blanco hueso.
Como si siguiera al pie de la letra un libreto ensayado, la ministra leía las respuestas con voz pausada y sosegada, sin prisas ni sobresaltos. Se extendía en algunos temas y apelaba a manuales, leyes, decretos y documentos técnicos.
La diputada Brenes reclamó por el estilo y la extensión de algunas respuestas. Camacho saltó en defensa de la ministra y dijo que eso fue, precisamente, lo que se le pidió a la funcionaria.
Otros diputados también tomaron la palabra, mientras Camacho seguía interviniendo. Por un momento, la discusión perdió orden.
Todo bien
A juzgar por varias de sus respuestas, la ministra proyectó que el sistema de protección de la niñez en Panamá opera con normalidad, bajo control y de forma adecuada.
Mientras leía las respuestas, no reconoció las fallas sistémicas que permitieron vulneraciones en albergues, como el del CAI de Tocumen, ni mostró autocrítica sobre la gestión institucional.
En su respuesta a la pregunta sobre irregularidades en los centros de protección, no detalló ninguna específica. En cambio se centró en un inventario de tareas domésticas, como limpiezas, mantenimientos y arreglos de infraestructuras.
También habló de la alimentación y de otros detalles menores.
Hasta el momento, según lo que dijo en el pleno, no se han impuesto sanciones a ningún centro de acogida.
La ministra afirmó que tampoco han recibido denuncias por anomalías en los albergues, con excepción de la presentada por la diputada Brenes.
Cinco funcionarios separados en el CAI de Tocumen
También dijo que cinco funcionarios han sido separados provisionalmente del Centro de Atención Integral de Tocumen a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, entidad que solicitó medidas de protección a raíz de la investigación que lleva a cabo.
¿Se han producido cancelaciones de permisos de funcionamiento, amonestaciones u otras sanciones administrativas a albergues desde julio de 2024 a la fecha? Fue la pregunta número 13.
La titular del Mides respondió que no se han producido sanciones administrativas ni la cancelación de operaciones. Añadió que, por baja población, se cerró la operación de dos.
Sin embarazos
En otro tema, afirmó que no se han registrado casos de embarazos de menores en los albergues.
A la pregunta sobre destituciones de personal técnico entre enero y febrero de 2026. Explicó que la Senniaf es una entidad autónoma y leyó el artículo de la ley que le otorga potestad al director para realizar acciones de personal.
“No se ha realizado ninguna destitución”, añadió.
Subsidios
En materia de subsidios, la ministra informó que, desde julio de 2024 a la fecha, se han destinado recursos a 34 albergues, por un monto mensual total de 162 mil dólares.
Detalló los nombres y los montos que se le entrega a cada uno de ellos.
La ministra terminó de leer las respuestas del cuestionario a las 2: 12 p.m.
Comenzaron las preguntas de los diputados. El primero. Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino. Consultó sobre la capacidad de los albergues.
Un funcionario de la Senniaf indicó que, por ejemplo, en el CAI de Tocumen hay 26 residentes.
Las repreguntas
Durante el periodo de repreguntas en el pleno de la Asamblea, Cedeño puso el foco en la capacidad real de los albergues estatales y en la falta de información disponible. La respuesta inicial fue evasiva: el equipo técnico admitió no contar con los datos a mano, mientras se intentaba precisar cifras en medio de dificultades acústicas en la sala.
Finalmente, se confirmó que el albergue de Tocumen mantiene actualmente a 26 menores y que su capacidad está reducida a ese número debido a remodelaciones en curso, aunque podría ampliarse una vez concluyan los trabajos.
La discusión escaló hacia el tema presupuestario, donde también quedaron vacíos. Funcionarios explicaron que los subsidios varían según cada organización y proyecto, y detallaron asignaciones mensuales que van desde poco más de 2,000 hasta 15,000 dólares para distintos albergues administrados por ONG y entidades religiosas.
Aunque se aseguró que los centros rinden informes mensuales y reciben supervisión técnica, se reconocieron limitaciones logísticas para cumplir con inspecciones regulares. Ante cuestionamientos sobre denuncias e irregularidades, la ministra sostuvo que solo existe un caso identificado —el del centro de Tocumen—, atribuido a la complejidad de atender perfiles que otros albergues rechazan.
Por su parte, la diputada Alexandra Vamos, de la bancada Vamos, cuestionó con insistencia el rol del Ministerio de Desarrollo Social como ente rector dentro de la Junta Directiva y, en particular, la falta de hallazgos durante la visita oficial al CAI de Tocumen.
En su intervención, la diputada fue más allá al describir un entorno que, a su juicio, ha sido normalizado por la administración anterior: jóvenes sin rutinas, infraestructura deteriorada y condiciones indignas.
Mencionó baños destruidos; camas y colchones en mal estado; ausencia de sábanas; malos olores, y la existencia de cuartos de castigo que —afirmó— fueron ocultados durante su visita. “¿No vieron nada distinto a lo que nosotros vimos?”, insistió, cuestionando la diferencia entre la percepción oficial y la realidad que, según su testimonio, encontró en el lugar.
La ministra de Desarrollo Social compareció ante el pleno acompañada de parte de su equipo técnico, entre ellos Rosana Muñiz, directora de Protección Social y Damaris de Robles, de Subsidios Sociales, junto a asesoras legales y personal administrativo. También participó una delegación de la Senniaf, encabezada por su directora general, Lilibeth Cárdenas, y el director de Articulación para la Protección Integral, Alexander Castrellón.
La sesión del pleno cerró cerca de las 7:00 p.m., luego de que fuera levantada por falta de quórum, con apenas 23 diputados presentes.
