Un grupo de 53 organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado este martes 10 de marzo a la Asamblea Nacional para que el proceso de elección del próximo defensor del Pueblo se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad.
La petición surge ante la proximidad del proceso de selección del titular de la institución encargada de velar por la defensa de los derechos humanos en el país.
El actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección. Su período constitucional de cinco años vence el próximo 31 de marzo, y su continuidad al frente de la entidad dependerá del voto de los diputados, una vez que la Asamblea Nacional abra el proceso de postulaciones para el próximo quinquenio.
El pronunciamiento
En un pronunciamiento, las organizaciones advirtieron que la designación de la nueva autoridad debe priorizar un perfil capaz de garantizar la independencia y credibilidad de la Defensoría del Pueblo, considerada una pieza clave dentro del sistema democrático.
El documento sostiene que Panamá necesita una Defensoría que funcione como un espacio de escucha, diálogo y construcción de consensos, y que su liderazgo esté guiado por altos estándares éticos y un compromiso firme con los valores democráticos.
Según las organizaciones firmantes, quien asuma el cargo debe convertirse en un aliado de quienes defienden los derechos humanos y en la última línea de defensa de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder por parte del Estado.
Las condiciones
Además de cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para el cargo, el pronunciamiento plantea una serie de condiciones que, a juicio de los colectivos, deberían formar parte del perfil mínimo del próximo defensor o defensora del pueblo.
Entre esos criterios destacan la solvencia moral, una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos y una conducta ética intachable, sin antecedentes relacionados con violencia, acoso o vulneraciones a derechos fundamentales.
Las organizaciones también señalan la importancia de que la persona designada cuente con formación sólida en estándares y tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con experiencia comprobada en el trabajo con la sociedad civil y grupos en situación de vulnerabilidad.
Otro de los aspectos subrayados es la necesidad de garantizar la independencia de la institución frente a intereses políticos o económicos, además de fortalecer su capacidad de mediación para tender puentes entre la ciudadanía, las instituciones del Estado y actores internacionales.
Consejo Consultivo
El pronunciamiento también recomienda que el nuevo titular reactive el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e integre a representantes con experiencia en la defensa de diversos grupos sociales.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que la designación de figuras vinculadas al partido de gobierno o a círculos cercanos del Ejecutivo o del Legislativo podría profundizar la crisis de legitimidad de la institución. En ese sentido, instaron a los diputados a garantizar un escrutinio público y riguroso durante el proceso de selección, en concordancia con los Principios de París adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Entre las organizaciones que suscribieron el comunicado destacan la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), la Asociación Adopta Bosque Panamá y ANCON, que trabajan en la preservación de áreas protegidas y la promoción de la biodiversidad. En el ámbito social y comunitario, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, impulsan políticas de salud y transparencia, mientras que colectivos como Guardianes del Río Cobre – OBC y la Red Nacional de Defensa del Agua (RNDA) luchan por la protección de recursos hídricos frente a proyectos extractivos.
Organizaciones de derechos humanos y equidad de género, como CLADEM, Fundagenero y Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), se suman a la movilización por la igualdad y la inclusión. A esta red se agregan asociaciones de personas con discapacidad y vulnerabilidades especiales, entre ellas ABAVIP, AEECUP y FRATER, que promueven la accesibilidad y la participación plena en la sociedad. Juntas, estas organizaciones configuran un grupo que articula voces diversas, desde comunidades locales hasta movimientos nacionales, y consolidan un frente ciudadano frente a los desafíos ambientales, sociales y de derechos humanos que enfrenta el país.
