El Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tiene la “obligación” de aceptar la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y, por tanto, en los próximos tres meses debe convocar a elecciones para cubrir la vacante.
Así consta en una nota de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, en respuesta a una “consulta jurídica” presentada por el Ministerio de Educación (Meduca) sobre la competencia legal del CGU para “no aceptar la renuncia” que la rectora presentó a la ministra Lucy Molinar el pasado 11 de mayo.
“La autonomía universitaria que ostenta la Unachi no faculta ni permite a sus órganos internos, administrativos ni de gobierno, no aceptar la renuncia presentada por un servidor público que labore en dicha institución”, señala Allen en la nota, de seis páginas, dirigida a Roberto Sevillano, ministro de Educación (encargado).
Agregó que la renuncia al cargo no es un acto administrativo objeto de evaluación o recurrible ante alguna instancia, sino un “derecho irrenunciable” que posee todo servidor público.
“La renuncia a un cargo público es un derecho y una decisión libre, autónoma y justificada”, recalcó.
La procuradora explicó en la nota que al producirse la vacante “absoluta”, el Tribunal Superior de Elecciones de Unachi debe convocar a nueva elecciones para completar el mandato de Bonagas, “en un plazo no mayor de tres meses”, a partir del 11 de junio, que es la fecha en la que se hace efectiva la renuncia que la rectora presentó a la ministra Molinar.
La ministra y la rectora tienen una tensa relación. Molinar ha hablado con la rectora para explicarle que su permanencia en el cargo es insostenible, frente a los serios cuestionamientos por el tamaño de la planilla, los jugosos salarios, los múltiples casos de nepotismo y el reconocimiento de títulos expedidos por universidades extranjeras no acreditadas para otorgar promociones y ascensos a profesores. Pero Bonagas -que se ha reelegido en dos ocasiones como rectora- se resiste a marcharse.
El artículo 37 de la ley orgánica de Unachi indica que debe haber elección cuando la vacante ocurra en los primeros cuatro años del periodo. A Bonagas todavía le quedan dos años más. Si esto hubiese ocurrido en su último año como rectora, el periodo lo habría completado el vicerrector académico, Jorge Bonilla.
La procuradora recordó que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley les permita. Por ese motivo, varios movimientos estudiantes han señalado que la actuación del CGU constituye una extralimitación de sus funciones.
El Meduca presentó la consulta jurídica a la Procuraduría de la Administración el 28 de mayo de 2026. El día antes, el CGU emitió la resolución en la que acordó no aceptar la renuncia de Bonagas.
La Unachi carece de facultad para rechazar la renuncia de Etelvina de Bonagas y debe elegir un nuevo rectorhttps://t.co/dqRe0K2Fj7 pic.twitter.com/xpsTd2LCUM
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2026
El 11 de mayo, Bonagas se presentó en el despacho de la minsitra de Educación, solicitó el pago “inmediato” de sus prestaciones laborales y entregó su carta de renuncia, efectiva a partir del 11 de junio.
Bonagas, que preside el CGU, cambió de opinión porque, alega, no puede dejar la Unachi “al libre albedrío”, a pesar de que la ley orgánica de esa universidad indica cuál es la linea de sucesión para cubrir sus ausencias; hay por lo menos tres vicerrectores habilitados para esa función.
Este lunes, el Meduca presentó una denuncia ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ya ha realizado por lo menos dos inspecciones (en la sede de Unachi y en las oficinas del Registro Público), como parte de otras investigaciones que lleva a cabo sobre el origen el patrimonio de la rectora y 12 familiares directos. Además, la Contraloría General de la República retiró a sus auditores.
La Unachi enfrenta una creciente crisis financiera, como consecuencia de una planilla abultada y salarios jugosos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha suspendido los desembolsos “correspondientes” desde mayo pasado y el ministro Felipe Champan ofreció asistencia técnica a la rectora para manejar su presupuesto, pero ella rechazó la ayuda.
