En las últimas cinco administraciones, la historia del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha estado marcada por dos constantes: el crecimiento sostenido de su presupuesto y los escándalos que han rodeado la entrega de auxilios económicos no reembolsables.
En 1990, el presupuesto del Ifarhu era de apenas $17.3 millones. Para 2026, la institución manejará $500.1 millones, lo que representa un incremento cercano al 2,790% en poco más de tres décadas.
En los primeros gobiernos posteriores a la invasión de 1989, el presupuesto del Ifarhu se mantenía en niveles relativamente modestos. Durante la administración de Guillermo Endara se destinaron $162.9 millones a la institución; bajo el mandato de Ernesto Pérez Balladares la cifra ascendió a $246.6 millones, mientras que en el gobierno de Mireya Moscoso el presupuesto acumulado alcanzó los $238.5 millones.
No obstante, el presupuesto de esta entidad se disparó tras la aparición de los polémicos auxilios económicos. Fue a finales de 2004 cuando esta figura quedó establecida formalmente en la normativa del Ifarhu mediante el Reglamento de Becas, Asistencia Económica Educativa y Auxilios Económicos, aprobado el 30 de diciembre de ese año, en los primeros meses de la administración de Martín Torrijos.
El director del Ifarhu en ese momento era Samuel Buitrago, a quien recientemente la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó una sentencia de ocho años de prisión por el delito de peculado agravado.
La trama judicial que condujo a esta condena se originó en 2011, cuando auditorías internas y de la Contraloría detectaron irregularidades por $155 mil en el programa de Auxilio Económico Complementario.
Últimos cinco gobiernos
Durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009), el presupuesto del Ifarhu sumó $403.2 millones entre 2005 y 2009, en un período en el que la institución aún manejaba una escala presupuestaria inferior a la que alcanzaría en los años siguientes.
Con la llegada de Ricardo Martinelli (2009-2014), los recursos destinados al Ifarhu crecieron con fuerza. Entre 2010 y 2014 la entidad recibió $1,160 millones, lo que representó un incremento de 187.8 % respecto al monto manejado durante el quinquenio anterior.
En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), la tendencia al alza se mantuvo. Entre 2015 y 2019 el Ifarhu recibió $1,868.7 millones, consolidando un aumento sostenido en los fondos asignados a la institución encargada de administrar becas y programas de asistencia educativa.
En la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), el crecimiento continuó. Los presupuestos preparados entre 2020 y 2024 asignaron al Ifarhu un total de $2,210.5 millones, el monto más alto registrado por la institución en un quinquenio.
Fue durante esta gestión cuando Bernardo Meneses desempeñó un papel central desde la dirección del Ifarhu. Durante ese período se gestionaron más de $300 millones en auxilios económicos.
Tras el cambio de gobierno en 2024, Meneses pasó de ocupar una posición clave en la administración anterior a enfrentar varias investigaciones penales relacionadas con el manejo de estos recursos. Las auditorías impulsadas por la Contraloría y las pesquisas del Ministerio Público se centraron en la entrega de estos beneficios durante su gestión, entre 2019 y 2023, un esquema que terminó convertido en uno de los mayores escándalos recientes vinculados al uso de fondos públicos destinados a educación.
En julio de 2025, las investigaciones dieron un giro judicial cuando el Ministerio Público ordenó su aprehensión y un juez de garantías le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado, tras detectar un aumento patrimonial que las autoridades consideran sin sustento.
Desde entonces, Meneses permanece bajo detención preventiva mientras avanzan otros procesos por posibles delitos de peculado y blanqueo de capitales, todos vinculados al manejo de los auxilios económicos durante su paso por la entidad.
Administración Mulino
Con el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, los presupuestos aprobados para 2025 y 2026 destinan al Ifarhu $1,004.7 millones, lo que mantiene a la institución entre las entidades con mayor volumen de recursos dentro del aparato estatal. En 2025 el presupuesto fue de $504.6 millones y para 2026 asciende a $500.1 millones, aunque esta cifra podría modificarse a lo largo del año.
El programa de auxilios económicos, por su parte, entró en una fase de revisión tras el escándalo que marcó la administración anterior. Auditorías de la Contraloría y pesquisas del Ministerio Público se han concentrado en la entrega de estos beneficios durante los últimos años, en medio de cuestionamientos por la discrecionalidad en su asignación y la falta de controles claros sobre el destino de los fondos públicos destinados a educación.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, el gobierno también ha planteado cambios en los criterios de otorgamiento de becas y auxilios económicos. En la Asamblea Nacional de Panamá se discute una propuesta para reformar la ley del Ifarhu, que ya fue aprobada en primer debate el año pasado.
Las autoridades han señalado que los nuevos apoyos deberán responder a evaluaciones socioeconómicas y al mérito académico, en un intento por reducir la discrecionalidad que rodeó al programa en el pasado. Entretanto, el Ifarhu mantiene la revisión de expedientes y busca ordenar el sistema de ayudas educativas en medio de la presión pública por mayor transparencia.
