El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga del contrato de Panama Ports Company (PPC) terminó por sacar del silencio al excontralor Gerardo Solís, quien salió a defender la auditoría realizada durante su gestión, en un contexto que volvió a colocar bajo escrutinio las decisiones adoptadas en ese período.
Solís, una de las figuras mencionadas en el debate sobre el contrato de PPC y quien estaba al frente de la Contraloría cuando se concedió la prórroga de la concesión, aseguró que la auditoría fue técnica y válida, pero marcó distancia de la renovación del contrato al afirmar que nunca revisó ni evaluó el documento que extendió el acuerdo.
Solís defendió la auditoría de cumplimiento realizada durante su gestión al contrato de PPC, la cual nunca fue hecha pública, y sostuvo que, según sus hallazgos, la empresa “sí cumplió con las obligaciones” pactadas en las distintas etapas del acuerdo.
“Hay dos cosas distintas… La auditoría que se hizo en mi administración fue una auditoría de cumplimiento”, explicó.
Según relató, ese examen se concentró en verificar si la empresa cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato vigente en cada momento, y no en realizar un análisis financiero de escenarios hipotéticos, como el efectuado por la actual administración de la Contraloría.
En abril pasado, su sucesor, Anel Flores, aseguró que la empresa había incurrido en “incumplimientos” y manipulado la información financiera para no entregar al Estado lo que le correspondería con un contrato ya desventajoso para el país.
Respecto al contrato, como se recordará, Solís estuvo presente en la reunión de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que aprobó la prórroga del contrato entre el Estado y PPC.
Las actas de la AMP detallan que, durante aquella reunión, hace cinco años, Solís fue categórico al referirse a los resultados de su auditoría y señaló: “La Contraloría realizó una auditoría en virtud de su obligación constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las concesiones y de los ingresos para el Estado. Producto de esa auditoría, la Contraloría encontró que Panama Ports Company sí cumple con las obligaciones básicas del contrato. No solo eso, sino que pudimos hacer un estudio y determinar una serie de beneficios adicionales que recibió el Estado producto de esta contratación”.
Incluso, las actas detallan que Solís sugirió que el Estado podría considerar vender el 10 % de sus acciones en Panama Ports a la propia empresa, una vez reconocida la vigencia del segundo período de concesión.
Esto, a su juicio, permitiría que el Gobierno recibiera recursos inmediatos, manteniendo a la vez una fiscalización eficiente y simplificada de las operaciones del puerto.
La explicación de Solís
Ya fuera de la esfera pública, Solís recordó que el contrato original “surgió a la vida en el año 1997” y que luego fue modificado durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004).
De acuerdo con su auditoría, entre 1997 y la primera modificación, la empresa cumplió “a cabalidad” con lo pactado.
“Mi auditoría determinó que del 97 al año en que se modificó el contrato cumplieron con las obligaciones, tal como se pactó en la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999)”, sostuvo.
El excontralor explicó que la modificación hecha en el gobierno de Mireya Moscoso se realizó mediante decreto ejecutivo y no por ley, lo que posteriormente fue corregido en la administración de Martín Torrijos (2004-2009).
“Martín y sus abogados determinaron que la modificación… era buena para el país y para la empresa, pero había que corregirla porque fue hecha por un decreto”, relató. Esa corrección, dijo, llevó la modificación a la Asamblea y la convirtió en ley de la República.
A partir de ese momento, añadió, las obligaciones de la empresa cambiaron y se volvieron más exigentes. “Mi auditoría demostró que las condiciones pactadas en la nueva ley la empresa sí cumplió con sus obligaciones”, afirmó.
Ese cumplimiento, según Solís, se mantuvo durante los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y hasta el período de Laurentino Cortizo (2019-2024), “hasta la fecha de la auditoría”.
Reconoció que los términos y condiciones fueron variando con los años, pero insistió en que la obligación esencial —operar y desarrollar el puerto— se cumplió en cada etapa.
Los cambios y la prórroga
Uno de los puntos que más destacó el exfuncionario fue el salto en el nivel de inversión. Recordó que el contrato original exigía apenas 50 millones de dólares, mientras que en la renegociación bajo Martín Torrijos se le pidió a la empresa invertir alrededor de 1,000 millones de dólares. “La empresa tenía que invertir 50 millones de dólares… y terminó invirtiendo casi 1,700 millones de dólares”, precisó.
En cuanto a la prórroga del contrato, Solís sostuvo que en su momento planteó que requería refrendo de la Contraloría, pero que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los abogados de la empresa consideraron que no.
“A mí nunca me mandaron el contrato prorrogado, ni siquiera para revisarlo”, dijo, al explicar por qué su auditoría no evaluó ese documento específico.
Solís contrastó su auditoría con la del actual contralor, Anel Flores, quien —según dijo— realizó una auditoría financiera. “Él no hizo una auditoría de cumplimiento, hizo una auditoría financiera”, explicó, y añadió que ese ejercicio calculó cuánto habría recibido Panamá si el contrato no se hubiese modificado.
La auditoría ordenada por Flores arrojó que Panamá dejó de percibir ingresos significativos que debería haber recibido, al estimar que el Estado solo obtuvo alrededor de 483 millones de dólares frente a los 1,337 millones de dólares que la empresa generó en 25 años, lo que implicaría un perjuicio económico importante.
Para el excontralor, ambas auditorías responden a preguntas distintas. La suya, dijo, buscó establecer “la verdad material de lo que ocurrió en el campo”, mientras que la otra plantea un escenario hipotético.
Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga, Solís fue cauto. “Hay que respetarlo”, afirmó, y advirtió que la decisión tendrá “muchas consecuencias para Panamá”. No obstante, expresó confianza en que el proceso sea bien manejado por el Gobierno y por la Autoridad del Canal de Panamá y el sector portuario.
