En medio de constantes controversias, como la reciente fuga de 195 reos, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se ha caracterizado, desde su llegada al cargo el 1 de julio de 2024, por impulsar contratos y proyectos penitenciarios por cerca de $667 millones, situando al sistema carcelario entre los principales focos de inversión pública del Estado.
La cifra surge de la combinación de $275 millones destinados a la alimentación de privados de libertad y $392 millones proyectados para la construcción de nuevos centros penitenciarios en distintas regiones del país.
La mayor partida corresponde a los contratos de alimentación para las cárceles de Panamá, Colón y Chiriquí. Solo la licitación para los centros penitenciarios de la provincia de Panamá alcanza los $209.6 millones por un período de seis años. A ello se suman $33.6 millones para Colón y cerca de $32 millones para Chiriquí.
En conjunto, estos contratos representan una de las mayores erogaciones del Estado en servicios penitenciarios y han generado cuestionamientos sobre la limitada competencia entre los oferentes y la concentración de adjudicaciones en un reducido número de empresas.
Las licitaciones
En el caso del acto público de Panamá, el Ministerio de Gobierno adjudicó la licitación al Consorcio Alimentando Panamá, S.A., sin formular ninguna objeción, pese a que la propuesta presenta una inconsistencia clave: ofrece porciones de 90 gramos de carne cruda, cuando el pliego —respaldado por los criterios del Ministerio de Salud— exige 90 gramos de carne cocida. Esto implica que, al considerar la merma natural del proceso de cocción, el contratista entregaría una cantidad inferior a la requerida.
En el caso de esta licitación, nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá —ahora bajo el nombre de Consorcio Panameño de Alimentación Colón— obtuvo la mejor calificación y le fue adjudicado el contrato, a pesar de un reclamo presentado por otro competidor: el Consorcio C&J Food Services Panamá.
Este reclamo se basa precisamente en la irregularidad antes mencionada. Es decir, sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón incumplió el pliego de cargos porque entregaría una cantidad de carne inferior a la requerida por el Estado. Finalmente, las advertencias del reclamo no fueron tomadas en cuenta.
El Consorcio Alimentando Panamá, S.A. suministra alimentos a cerca del 80% de la población penitenciaria del país, al mantener contratos en las provincias de Panamá, Colón y Bocas del Toro. En conjunto, el Estado le ha pagado más de $300 millones desde 2012, consolidando una posición dominante en la prestación de este servicio dentro del sistema penitenciario.
Construcción de cárceles
De forma paralela, el Ministerio de Gobierno tiene en su agenda tres nuevos centros penitenciarios, dentro de un plan de expansión del sistema carcelario valorado en $392 millones. Una de estas obras se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), una modalidad que el Ejecutivo ha comenzado a utilizar para financiar infraestructura de gran escala.
“¿Que si es una inversión fuerte? Sí. Porque el país lo necesita”, justificó, en su momento, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en medio de una coyuntura marcada por la crisis del sistema penitenciario, el hacinamiento en los centros carcelarios y la reciente fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, un episodio que reactivó el debate sobre la seguridad interna del sistema.
La funcionaria explicó que el ministerio afina los detalles para publicar en los próximos días el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo modalidad APP. Esta infraestructura tendrá un costo aproximado de $130 millones y capacidad para albergar a unas 2,000 personas privadas de libertad, y estará ubicada en las inmediaciones del complejo La Joya, en el corregimiento de Las Garzas.
En paralelo, el pasado 8 de junio el Ministerio de Gobierno lanzó la licitación para el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, un proyecto con precio de referencia de $177.2 millones que se desarrollará en el sector de Divisa, corregimiento de Los Canelos, en la provincia de Herrera. El recinto tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad y contará además con espacios para 450 custodios, así como pabellones diferenciados según el nivel de peligrosidad de la población penitenciaria y áreas de formación en oficios como construcción y plomería.
Sin embargo, el proyecto ha generado oposición en la zona. El alcalde de Santa María, Iván De León, aseguró que la comunidad rechaza la construcción del penal por su impacto social y ambiental, al estar cerca de centros educativos como el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas, además de los ríos Cañazas y Santa María.
“Divisa es la puerta de entrada a la región de Azuero y no debería convertirse en el ‘patio trasero’ de la península”, cuestionó, mientras el Concejo Municipal solicitó una reunión con la ministra Montalvo para intentar alcanzar un acuerdo. Estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura también protestaron contra este proyecto.
Mientras el Gobierno defiende los proyectos como respuesta al hacinamiento y la fuga de 195 reos en La Joyita, las licitaciones han generado dudas sobre la competencia y la concentración de contratos. Con alrededor de $667 millones comprometidos, el sistema penitenciario se consolida como uno de los principales focos de gasto público, en medio de cuestionamientos sobre prioridades, transparencia y la persistencia de la crisis carcelaria.
