Luis Duke llegó temprano, con la tranquilidad de quien ha pasado poco más de un año navegando los vericuetos de la Asamblea Nacional. Diputado de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, su voz resonaba con firmeza cuando comenzó a hablar sobre los proyectos anticorrupción que, según él, el Ejecutivo ha intentado frenar.
“Es evidente que el Ejecutivo tiene una cierta función de no permitir que los proyectos anticorrupción avancen”, dijo, mientras sus manos se movían con la cadencia de quien explica algo que ha visto repetirse demasiadas veces.
Para Duke, el cuello de botella estaba en dos comisiones: Gobierno y Credenciales, donde, según explicó, se decidía en silencio qué iniciativas llegaban a debate y cuáles quedaban estancadas.
Actualmente, la Comisión de Gobierno, donde se analizan las iniciativas anticorrupción, es presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, mientras que la de Credenciales, donde debe debatirse el reglamento interno, está bajo el mando de la también diputada de RM, Dana Castañeda.
Proyectos anticorrupción
En medio del debate actual sobre la lucha contra la corrupción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró que no le gusta el proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que, entre otras cosas, busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. Este fue un hecho que Duke interpretó con cautela.
En su análisis, el mandatario puede influir, pero los diputados son los responsables de dar trámite a las leyes. “No puede asumirse que un ‘no me gusta’ implique que la ley se detenga”, afirmó, recordando que la independencia legislativa es un principio que en Panamá se ve a menudo desafiado.
La frustración del diputado se mezclaba con cifras y ejemplos concretos: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley antibotellas y la recuperación de bienes robados eran las piedras angulares de una lucha que, según él, enfrenta obstáculos constantes. “Si los delitos prescriben, los responsables quedan libres y la corrupción se perpetúa”, explicó, con el ceño fruncido y la voz cargada de indignación.
La propuesta de imprescriptibilidad busca que casos de peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones no queden nunca blindados por el paso del tiempo, cerrando así la puerta a la impunidad. Otro pretende castigar con penas de prisión tanto a quienes reciban un salario sin trabajar como a los funcionarios que faciliten esos nombramientos, práctica conocida como “botellas”.
Duke recordó que estos proyectos no son nuevas ideas; algunos habían sido presentados años atrás por otros diputados, pero el statu quo y las alianzas políticas los habían enterrado antes de nacer. Ahora, en su bancada, buscan revivirlos y empujarlos hasta el pleno, conscientes de que los tiempos legislativos son cortos y las resistencias muchas.
“La corrupción no es un problema abstracto”, dijo. Sus efectos se sienten en las calles, en las escuelas sin construir, en los hospitales a medio terminar, en las barriadas sin agua. “Estamos hablando de 15 mil millones de dólares perdidos en 24 años, dinero que podría haber cambiado vidas”, señaló, con un tono que mezclaba la estadística con el lamento por la injusticia social.
Reglamento interno
Cuando la conversación giró hacia el reglamento interno, Duke dejó claras sus prioridades: eliminar la votación secreta, limitar los privilegios de los diputados y garantizar que quienes no asistan al pleno no cobren. “El trabajo legislativo debe ser transparente y eficiente, para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo.
Sobre la planilla legislativa, su crítica fue directa. La contratación ilimitada de personal de confianza, explicó, se presta para prácticas cuestionables. “Tenemos que poner la casa en orden y darle confianza al ciudadano de que el trabajo que va a hacer el diputado rendirá frutos”, insistió, como si cada palabra fuera un llamado a la acción.
No se detuvo allí. Denunció intereses personales dentro de la Asamblea que retrasan la aprobación de reformas, especialmente en la Comisión de Credenciales. La inercia, dijo, no solo es culpa del Ejecutivo; también hay quienes, desde dentro, bloquean el progreso y mantienen privilegios que contradicen el mandato de servir a la ciudadanía.
A medida que la entrevista avanzaba, Luis Duke recordó que los días del periodo legislativo se acortan, pues concluyen el 31 de octubre, y que quedan apenas semanas para debatir las reformas pendientes. La urgencia, dijo, no es un capricho; es una obligación ética con los ciudadanos que esperan soluciones reales y tangibles.
