La solicitud de un traslado de partida por $1.2 millones, presentada por funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), generó cuestionamientos este jueves 5 de marzo durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá.
La discusión giró en torno a la contratación de servicios de asesoría legal para revisar concesiones vigentes y preparar futuras adjudicaciones en el sector marítimo.
Durante la sesión, el director de Finanzas de la AMP, Francisco Escoffery, explicó que la institución busca reforzar la partida destinada a “otros servicios comerciales y financieros” para contratar asesoría especializada.
“Queremos reforzar con $1.2 millones la partida para la contratación de servicios de asesoría legal, principalmente para la revisión de concesiones vigentes y para prepararnos para realizar una contratación bien estructurada de las concesiones que vengan en el futuro”, sostuvo.
Según explicó el director de Finanzas, la reprogramación presupuestaria permitiría a la AMP contar con respaldo técnico para enfrentar los desafíos del sector marítimo.
“Con estos recursos buscamos prepararnos para encarar los desafíos que ya conocemos y también los imponderables que puedan surgir”, afirmó ante los diputados.
Los cuestionamientos
No obstante, la solicitud despertó interrogantes en la comisión. La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, cuestionó la necesidad de contratar asesoría externa cuando la institución cuenta con un departamento jurídico propio.
“Mi primera pregunta es si la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, planteó la diputada durante el intercambio con los funcionarios.
Ante la consulta, Escoffery confirmó que la entidad sí dispone de un equipo jurídico interno.
“Sí, la Autoridad Marítima cuenta con un departamento de asesoría legal”, respondió el funcionario, quien precisó que alrededor de 20 abogados laboran actualmente en esa área y que están especializados en asuntos vinculados al sector marítimo.
El debate se intensificó cuando Prado cuestionó si el contrato de asesoría externa correspondía a una renovación o a una nueva contratación. Según la diputada, el documento remitido a la comisión señalaba que se trataba de “la renovación por 12 meses del servicio de asesoría legal”.
El representante de la AMP rechazó esa interpretación y sostuvo que actualmente no existe un contrato vigente que deba renovarse.
“No tenemos una renovación en firme. Lo que buscamos es contar con los fondos para contratar una empresa que realice esta consultoría”, aclaró.
La discrepancia
La discrepancia entre el documento oficial y la explicación ofrecida en la comisión generó preocupación entre los diputados. Prado advirtió que el detalle podría tener implicaciones legales en el trámite presupuestario.
“Si la nota habla de renovación y aquí se nos dice que no es una renovación, sino un contrato nuevo, entonces yo no puedo apoyar el traslado de partida porque legalmente no es viable”, expresó la diputada durante la sesión.
Finalmente, el traslado fue retirado por los funcionarios de la AMP para presentarlo nuevamente con las correcciones propuestas por los diputados, quienes insistieron en la necesidad de precisar la naturaleza del contrato antes de tomar una decisión sobre los fondos solicitados.
Otros traslados
A diferencia de la AMP, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá avaló varios traslados de partida a otras entidades.
La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida a la @aigesinnovacion por un monto de B/. 420,000 que serán utilizados para el desarrollo e implementación de la red nacional de multiservicios. Este traslado fue sustentado por Adolfo Fábrega administrador general. pic.twitter.com/7yDlMD61t4
— Asamblea Nacional (@asambleapa) March 5, 2026
Entre ellos, aprobó una asignación de $420 mil a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), recursos que serán utilizados para el desarrollo e implementación de la Red Nacional de Multiservicios, una iniciativa que busca ampliar la conectividad y la interoperabilidad de los servicios digitales del gobierno. La solicitud fue sustentada por el administrador general de la entidad, Adolfo Fábrega.
Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron un traslado de $1.6 millones a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Investigación y cumplir compromisos con investigadores.
Presupuesto| aprobó un traslado de partida a @pasaportepma por un monto de B/. 3.1 millones, para el suministro de libretas de pasaporte electrónico, actualización del módulo para chip de última generación, soporte y mantenimiento evolutivo del sistema de emisión de pasaporte. pic.twitter.com/gnlCJASmlq
— Asamblea Nacional (@asambleapa) March 5, 2026
Asimismo, se dio luz verde a $3.1 millones para la Autoridad de Pasaportes de Panamá, destinados al suministro de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo de chips de última generación y el mantenimiento del sistema de emisión.
A estas aprobaciones se sumó un traslado de $3 millones solicitado por el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, fondos que serán utilizados para la compra de arroz que se venderá en ferias a nivel nacional.
