La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inició este lunes 11 de mayo el primer debate del proyecto de ley 641 que reforma el Código Fiscal.
La propuesta impulsada por el Órgano Ejecutivo modifica y llamada ley de “sustancia económica”, adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio para debatir este tema.
La jornada comenzó con la lectura de notas con opiniones de entidades, firmas de abogados, gremios y particulares sobre la propuesta. Coincidían principalmente en que afecta la seguridad jurídica y representa una reconfiguración fundamental del panorama fiscal y corporativo de Panamá.
La metodología
Enseguida, el diputado Luis Duke, secretario de la comisión, leyó las reglas que comprenden la metodología de la sesión.
Este martes 11 de mayo, por ejemplo, correspondía escuchar las opiniones de los representantes de las entidades públicas. Sin embargo, debido a que solo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaba presente, los comisionados le dieron la palabra a los miembros de otros sectores que se encontraban en el salón Carlos Titi Alvarado de la Asamblea.
De acuerdo con el calendario, el martes le correspondería el turno al sector privado; el miércoles, los gremios harán lo propio, mientras que el jueves participarán expertos en el tema. Cada representante podrá hablar durante 15 minutos.
El primero en tomar la palabra fue el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
“No es una renuncia a nuestra territorialidad”, dijo. Manifestó que un texto de esta naturaleza merece el mejor debate posible.
Chapman encuadró la discusión como un acto de voluntad propia del país, no como una imposición externa. “Hoy es un día importante para nuestro país, no porque nos lo exija nadie desde fuera, sino porque Panamá ha decidido con convicción propia dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, afirmó.
“Este proyecto de ley es una decisión soberana, inteligente y estratégica de un país que entiende que el mundo ha cambiado y que los que se adaptan ganan”, añadió.
El ministro salió al paso de quienes ven la norma como una amenaza al modelo económico panameño. “Panamá ha sido y seguirá siendo un centro de negocios internacional de primer nivel”, manifestó.
“Nuestra posición geográfica, nuestra infraestructura, nuestro talento humano, nuestro sistema financiero, todo eso sigue siendo una ventaja competitiva enorme. Esta ley no viene a debilitarla, viene a blindarla”, sustentó.
En ese mismo tono, precisó qué exige concretamente la ley a las empresas: “Lo que buscamos es simple, que las empresas que se benefician de operar bajo la bandera panameña tengan una presencia real en nuestro territorio, que generen empleo para los panameños, que contraten proveedores locales, que tomen decisiones desde Panamá. Eso no es una carga, es exactamente el tipo de inversión que nuestro país necesita y merece”, argumentó.
Chapman también apuntó a los beneficios concretos para las empresas que ya operan con actividad real en el país. La ley, dijo, les reduce costos, elimina fricciones financieras con sus países de origen y les da certeza jurídica.
“Les abre las puertas que hoy están cerradas precisamente porque Panamá figura en listas que no reflejan lo que este país realmente es”, sostuvo. Y fue directo sobre el fondo político de la salida de esas listas: “Salir de esas listas no es un favor que le hacemos a Europa, es un favor que nos hacemos nosotros mismos los panameños. Y no es una renuncia a nuestra territorialidad. Hago énfasis e hincapié en ello“.
El ministro también abrió la puerta a modificaciones, pero con una condición clara: “Sólo críticas u oposición sin propuestas no contribuye al desarrollo ni a fortalecer la competitividad del país”.
Chapman cerró su intervención con una definición del objetivo final de la norma: “El objetivo no es aprobar una ley por cumplir con un trámite, el objetivo es aprobar la mejor ley posible para Panamá. Una ley que atraiga inversión de calidad, que genere empleos bien remunerados, que proteja las estructuras legítimas y que le diga al mundo con claridad y con orgullo que Panamá es un socio confiable, transparente y competitivo”.
Abogados reaccionan
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de modificaciones al Proyecto de Ley No. 641, referido a la reforma del Código Fiscal, que contempla incorporar el concepto de sustancia económica, como medida para cumplir con normas internacionales para que Panamá pueda salir de la lista de Paraísos Fiscales de la Unión Europea.
Advierten que obligar a utilizar la declaración de renta tradicional para acreditar sustancia económica podría generar más trámites y hacer menos atractivo a Panamá para empresas e inversionistas internacionales.
Puntualmente indican que podría generar fuga de capitales.
“Nuestra propuesta consiste en que la entidad constituida o domiciliada en la Republica de Panama que siendo parte de un Grupo Multinacional este obligada a cumplir con los requisitos que le impone este Capítulo 1 -A, lo realice mediante un formulario de declaración de sustancia económica y no bajo una declaración jurada de impuestos, lo cual de por si desvirtúa el objeto de esta ley y genera la fuga de capitales de nuestro país, lo que se aleja en su totalidad del mensaje de atraer y captar nuevas inversiones a la República de Panamá”, indica el Colegio de Abogados de Panamá presidido por Maritza Cedeño Vásquez.
El Colegio Nacional de Abogados también pidió excluir expresamente a la Marina Mercante de estas disposiciones, argumentando que la actividad naviera genera renta activa y constituye uno de los pilares históricos de la economía panameña junto con el centro financiero y el hub logístico.
Asimismo, el gremio rechazó cambios al Código Fiscal que sustituyan el término “contribuyente” por “obligado tributario”, al considerar que esto podría acercar innecesariamente a Panamá a un modelo de renta mundial promovido por la OCDE, alejándose del principio de territorialidad que rige el sistema fiscal panameño.
Entre los abogados que acudieron de manera presencial a la Comisión de Economía se cuentan los abogados Ramsés Owens y Eduardo Leblanc, quienes advirtieron sobre las implicaciones del proyecto y la posible pérdida de competitividad del país frente a otras naciones.
‘Apocalíptica’
Owens, quien trabajó en la firma Mossack Fonseca -la cual cerró luego de la filtración de los Panama Papers-, afirmó que trabaja como agente residente desde 1991 en distintos estudios y que representa a algunas firmas de abogados. Catalogó la propuesta legislativa como “apocalíptica” y “cataclísmica”.
Abogó por que se introduzcan excepciones a la norma, tal como ocurrió en otros países, y presentó las características de las empresas a las que, a su juicio, deberían aplicarse esas exclusiones.
“Veo que aquí está la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que va a tener que cesar a la mitad de sus colaboradores. Estoy nervioso por la cantidad de personal que voy a tener que cesar (...) si no tomamos en cuenta las excepciones”.
De acuerdo con sus cálculos, si se aprueba la ley sin las excepciones, unas 135 mil empresas extraterritoriales se irían de Panamá.
De acuerdo con Owens, a estas empresas ya no se les puede catalogar como sociedades de papel, ya que cuentan con abogados de planta, que podrían sumar 8 mil o más, y están regulados. También mencionó que disponen de contador público autorizado, oficial de cumplimiento, juntas directivas que reportan a ese oficial y cuentas bancarias. “Muchas de estas entidades tienen billones en nuestro centro bancario”, afirmó.
Como ejemplo, aseguró que una firma de abogados modesta tendría que cesar a 35 personas.
“No somos los únicos en este mercado. Si no se establecen las excepciones, la competencia prevalecerá: Belice, Anguila, Islas Vírgenes Británicas. En naves están las Islas Marshall y las Islas Fiyi (...) son 63 en total”, planteó.
Las consultas a la propuesta de ley siguen este martes 12 de mayo.
