La carrera por la Defensoría del Pueblo avanzó este lunes 30 de marzo en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con la comparecencia de más de 15 aspirantes, quienes expusieron sus propuestas en medio de un proceso marcado por el escrutinio público.
Entre los nombres que concentraron mayor atención figuraron el del actual defensor, Eduardo Leblanc, quien busca la reelección, y el de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo. Ambos cuentan con trayectorias que los colocan en el centro del debate sobre la continuidad o la renovación de la institución.
No obstante, el proceso también evidenció resistencias desde sectores de la sociedad civil. Leblanc acumuló siete objeciones formales, mientras que Russo recibió tres, lo que los convierte en los aspirantes con mayor número de señalamientos dentro de la lista de 35 postulantes. En total se presentaron 13 objeciones.
Independencia
Durante el interrogatorio, el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, llevó a la exmagistrada Ángela Russo a un terreno sensible: su independencia frente al poder político. Como contexto, recordó un fallo en el que, actuando como ponente, benefició al hoy presidente José Raúl Mulino, cuando este se desempeñaba como ministro de Seguridad. El diputado se refería al proceso judicial de 2017 por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares por $125 millones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
A partir de ese antecedente, Zúñiga le preguntó cómo garantizaría imparcialidad desde la Defensoría del Pueblo. Russo respondió que todas sus decisiones, incluido ese caso, se han sustentado en la ley, la Constitución y los convenios internacionales, y que su criterio no varía según la persona involucrada.
Subrayó que nunca recibió presiones ni llamadas de funcionarios públicos y que su historial de salvamentos de voto demuestra una trayectoria independiente. “A mí nunca me llamó nadie”, insistió, al rechazar cualquier insinuación de influencia política.
En un segundo momento, el diputado orientó sus preguntas hacia la confianza ciudadana en la institución, cuestionada por su impacto y operatividad. Russo propuso una defensoría “de puertas abiertas”, enfocada en el diálogo con la sociedad civil y en la prevención de conflictos mediante protocolos claros de investigación.
Resultados de gestión
Zúñiga también abrió el interrogatorio al actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, con una pregunta sobre los resultados concretos de su gestión, solicitando cifras sobre inspecciones, informes y recomendaciones.
El defensor respondió con un balance general: 49 informes emitidos durante su periodo —que proyecta cerrar con 52—, abarcando desde centros educativos y hospitales hasta temas migratorios y protestas sociales. Sin embargo, al ser confrontado específicamente sobre la crisis hídrica del río La Villa, Leblanc se limitó a mencionar inspecciones conjuntas con el Ministerio de Ambiente, denuncias trasladadas y quejas en trámite, sin detallar informes técnicos recientes.
En el tramo final, el diputado cuestionó la meritocracia en los nombramientos dentro de la institución. Leblanc negó aceptar recomendaciones formales de diputados y aseguró que todo ingreso pasa por filtros de recursos humanos, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar casos específicos en la planilla.
Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), centró su intervención en un debate más estructural: la reelección del defensor del Pueblo. Aunque manifestó su postura personal contraria a la reelección en cargos públicos, pidió al funcionario sustentar el argumento institucional para mantenerla.
Leblanc desligó la discusión de su figura y la enmarcó en la necesidad de dar continuidad a una entidad que —según dijo— venía de años de debilitamiento presupuestario y pérdida de credibilidad. Argumentó que su gestión ha buscado reconstruir relaciones internacionales y fortalecer la institución, por lo que interrumpir ese proceso implicaría retroceder.
Más candidatos
Más temprano, la Comisión de Gobierno comenzó el periodo de entrevistas con Johana Patricia Díaz Alberola, abogada, quien abrió su planteamiento prometiendo un proceso de selección transparente para su equipo de trabajo y la designación de los defensores adjuntos en los primeros 100 días. Aunque aseguró no militar en partidos políticos, defendió la necesidad de fortalecer las oficinas regionales como vía para descentralizar la atención.
Luego, el abogado y docente universitario Boris Corcho Díaz insistió en que la Defensoría no puede caer en prácticas de nombramientos políticos sin comprometer su independencia. Subrayó que la ciudadanía exige una institución que actúe con autonomía real y que la meritocracia debe ser el criterio rector para cualquier designación.
En la misma línea, Luis Aldeano, quien ha participado en procesos electorales tanto como independiente como bajo la bandera de un partido (Panameñista), sin estar inscrito en este, planteó que, de ser elegido, convocaría públicamente a profesionales para integrar su equipo como mecanismo para blindar la transparencia.
Desde un enfoque territorial, Esperanza Ruiz Cerón propuso que la Defensoría “salga de sus oficinas” durante el primer año de gestión, mediante una estrategia de defensoría móvil que acerque los servicios a la población y dé seguimiento efectivo a las quejas.
Esa visión fue reforzada por Anahí Quintero Belda, especialista en derechos humanos y exfuncionaria de la entidad, quien cuestionó la supuesta omisión institucional en conflictos como los de Bocas del Toro y Arimae. A su juicio, la prioridad debe ser el cabildo abierto y la presencia en comunidades que, por limitaciones económicas, ni siquiera pueden trasladarse para presentar denuncias.
Otras candidaturas pusieron el acento en sectores específicos. Yahaira Rangel, abogada y administradora de empresas, señaló la falta de acceso al agua y la defensa de los derechos de la niñez como ejes de su propuesta. En tanto, Joel Alexis de León advirtió sobre una “deuda social” en materia de niñez que requiere investigaciones profundas para evitar responsabilidades del Estado, y planteó una Defensoría con enfoque preventivo más que reactivo.
Dilia Cornejo Meneses, con experiencia dentro de la institución, apostó por una auditoría integral, la reestructuración y la descentralización, acompañadas de una gestión mediadora que recupere la confianza ciudadana.
El debate también giró en torno al perfil institucional del cargo. Rodrigo Alberto García enfatizó que la naturaleza parlamentaria del defensor del Pueblo debe garantizar su independencia, mientras que Rodrigo Frago, defensor público en Coclé, propuso avanzar hacia una concertación nacional que permita enfrentar la realidad social del país. En esa línea de transformación, Jorge Zúñiga habló de la necesidad de una “reingeniería” de la entidad.
