Diversas reacciones ha generado la propuesta del gobierno de José Raúl Mulino que propone penas de hasta seis años de cárcel a quienes, durante protestas, manifestaciones o cualquier otra concentración pública, utilicen máscaras para ocultar total o parcialmente el rostro con fines violentos.
La iniciativa fue aprobada en el Consejo de Gabinete de este martes, que a la vez autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a llevarla ante la Asamblea Nacional.
Se trata del proyecto de ley 826, que adiciona el artículo 169-A del Código Penal.
Ese artículo dice lo siguiente: “Quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.
Además, se establece que si estas conductas “encubren o propician la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública”, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido.
Reacciones
Las reacciones ante esta polémica propuesta no se han hecho esperar. Una de las primeras en expresarse fue la diputada independiente Alexandra Brenes, del circuito 8-2, quien, a través de la red social X, cuestionó: “¿Para cuáles protestas se está preparando este gobierno? ¿Mina, Bioetanol, Senniaf, Puertos?” y calificó al proyecto como un “intento de seguir silenciando y amedrentando a todo aquel que piense distinto”.
Penalizar el uso de máscaras en protestas…
— Ale Brenes (@AlexandraBrene6) February 24, 2026
La pregunta es: ¿para cuáles protestas se está preparando este gobierno?
¿Mina, Bioetanol, Senniaf, Puertos?
Intento de seguir silenciando y amedrentar a todo aquel que piense distinto, como siempre. https://t.co/ASamtNoJFR
‘Resistencia’
Por su parte, el grupo activista “Ya es Ya”, organización que ha liderado múltiples protestas fue contundente al expresar que “la capucha es un símbolo de resistencia en un sistema donde la corrupción se tapa con impunidad”.
Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, cuestionaron a entidades como la Policía Nacional, el Tribunal Electoral, el Senniaf y el Sistema Legislativo, sobre si ellos también se “quitarán la capucha”.
En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, felicitó a la ministra de Gobierno, destacando que el proyecto busca proteger el derecho a la protesta y a los manifestantes. Sin embargo, dirigió su cuestionamiento a los protestantes, señalando: “Si estás manifestándote por un objetivo real, por una reivindicación legítima, ¿por qué te tienes que tapar el rostro?”.
Además, indicó que en muchas ocasiones los mismos manifestantes corren peligro debido a infiltrados que vandalizan, lo cual distorsiona el sentido original de las protestas.
Mientras que el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, también expresó su rechazo al proyecto, indicando que podría resultar “perjudicial para la democracia” ya que es una propuesta que “desincentiva el derecho ciudadano a la protesta”.
Adelantó que no brindará su apoyo a la iniciativa sin antes comprender las razones detrás de la misma.
Siguiente etapa: la Asamblea
Pérez Barboni adelantó que el cronograma previsto para este proyecto es que se presente directamente en el pleno de la Asamblea Nacional, con la probabilidad de que sea ingresado a través de la Comisión de Gobierno para ser sometido a un primer debate, dado que es una propuesta directa del gobierno.
Luego, pasaría a segundo y tercer debate, aunque el diputado expresó dudas sobre si logrará superar el primer debate.
El proyecto también busca modificar el Código Penal, específicamente el Artículo 169, que actualmente establece que: “Quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.
