Como parte de la Operación Corsario, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ha identificado hasta ahora a 13 personas ligadas a una estructura criminal conocida como “La Mafia Filipina”, señalada de infiltrar terminales portuarias panameñas para enviar cargamentos de cocaína a Europa y otros mercados internacionales.
El pasado 20 de julio de 2026, la fiscalía ordenó la aprehensión del grupo, lo que representa el desenlace de una investigación que se extendió por más de cuatro años y documentó el funcionamiento de una de las redes de narcotráfico más sofisticadas en el país.
Al menos cinco ya han sido capturadas. La fiscalía sospecha que hay otros miembros de la red, por lo que la lista podría ser ampliada.
La fiscalía sostiene que la estructura había desarrollado un esquema para utilizar contenedores marítimos como medio para el tráfico internacional de drogas.
La investigación describe una operación con ramificaciones dentro y fuera del país, capaz de movilizar cocaína a Europa y otros mercados internacionales mediante una logística cuidadosamente planificada.
Las pesquisas
Las pesquisas comenzaron el 16 de mayo de 2022, cuando un agente de la Policía Nacional recibió información sobre una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en puertos del Pacífico. A partir de esa alerta se iniciaron seguimientos, vigilancias e interceptaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento del grupo.
Sebastián Enrique Díaz Ángelo, conocido con los alias de “Toti” o “Sebas”, ha sido identificado como el principal líder de la organización. Díaz está en la lista de personas cuya aprehensión solicitó la fiscalía, el pasado 20 de julio. Todavía no ha sido capturado.
Según las investigaciones, su experiencia como extrabajador portuario le permitió conocer los procedimientos internos y las vulnerabilidades de las terminales, información que habría utilizado para facilitar la contaminación de contenedores con cocaína.
“La Mafia Filipina” mantenía una estructura jerárquica con funciones específicas. Entre sus integrantes figuraban presuntos coordinadores responsables de trasladar grandes cantidades de cocaína desde distintos sectores de la capital hasta las terminales portuarias del Pacífico.
La logística terrestre también respondía a un esquema meticuloso. La cocaína era transportada en vehículos con doble fondo y luego ocultada en “casas caletas”, antes de ser trasladada a los puertos por trabajadores que, según la fiscalía, colaboraban con la organización. Los principales destinos de los cargamentos eran países europeos, especialmente España, aunque las investigaciones también documentan coordinaciones para envíos a Centroamérica y Norteamérica.
La estrategia
Para reducir el riesgo de ser descubiertos, los miembros de la red evitaban las llamadas telefónicas convencionales. En su lugar, utilizaban plataformas de mensajería encriptada para coordinar los movimientos de la droga y mantener la comunicación entre los distintos niveles de la organización.
Uno de los golpes más importantes ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando las autoridades decomisaron 46 paquetes de cocaína ocultos en una residencia de Betania.
La dimensión internacional del caso volvió a quedar en evidencia el 21 de agosto de 2023, cuando autoridades españolas decomisaron 185 paquetes de cocaína en el puerto de Valencia. Según la investigación panameña, el cargamento había salido del país en un contenedor contaminado bajo la logística de la misma organización.
Además del tráfico de drogas, la fiscalía sostiene que la estructura contaba con un brazo dedicado al blanqueo de capitales mediante el uso de presuntos testaferros para adquirir bienes inmuebles, vehículos y apartamentos de lujo.
Tras recopilar actas de vigilancia, interceptaciones y auditorías financieras realizadas entre 2022 y 2026, el Ministerio Público concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la captura de los 13 principales implicados, poniendo fin —según las autoridades— a una de las redes de narcotráfico más sofisticadas que ha operado desde los puertos panameños.
Testaferros
Una de las personas sobre las que pesa una orden de aprehensión y que decidió entregarse esta semana es Italys Suira Talavera, presunta hijastra de Sebastián Enrique Díaz Ángelo. Su madre, Norma Talavera, también figura entre las personas requeridas y, de acuerdo con la investigación, mantenía una relación sentimental con quien las autoridades identifican como el presunto cabecilla de la organización criminal.
Uno de los elementos centrales de la investigación es que madre e hija habrían actuado como testaferras de la organización criminal. Según la fiscalía, ambas figuraban al frente de empresas y otros negocios que presuntamente eran utilizados para ocultar el origen de los fondos.
Una búsqueda en el Registro Público muestra que ambas aparecen vinculadas a la sociedad Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa. En esa empresa también figura como tesorera la influencer Jackeline Guzmán. Suira Talavera aparece como presidenta y representante legal, mientras su madre funge como secretaria.
Suira también figura como propietaria de otro establecimiento comercial, Velvet Boutique. Además, se conoció que la investigada mantiene una relación con el hijo del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, quien permanece detenido, aunque por otra causa penal, relacionada con enriquecimiento injustificado.
