Han pasado más de dos semanas desde que trabajadores del sector bananero salieron a las calles para exigir que no se desmejore la Ley 45, que regula las pensiones y jubilaciones del sector. También piden la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). La esperanza de una solución rápida se ha desvanecido. “Teníamos la esperanza de que se llegara a un feliz término, pero no ha sido así”, lamentó Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro.
En los cierres —más de 20 entre Changuinola y Almirante— la escena se repite como un ritual: barricadas de piedras bloquean el paso, carteles improvisados lanzan consignas contra el Gobierno y, entre la espera y el hastío, algunos manifestantes matan el tiempo jugando dominó o bingo sobre mesas plásticas. El sol, cuando castiga, lo hace sin tregua, aunque hay días en que la lluvia cae con fuerza, empapando los cuerpos y enfriando los ánimos por momentos.
El conflicto, que comenzó a finales de abril, mantiene en jaque al comercio local, la agricultura y el turismo. “Dos semanas sin poder movernos por las calles. Así no se puede trabajar”, dijo Pimentel, visiblemente preocupado por el futuro económico del distrito. Algunas empresas han reducido personal; otras han cerrado temporalmente.
La escasez de combustible ya se siente, y aunque algunos días se han abierto “ventanas” para el ingreso de alimentos, los precios de los productos han subido en varias zonas. “El escenario es bien difícil”, resumió el empresario. En el sector insular, la situación no es mejor: sin turistas, los lancheros protestan por la caída de sus ingresos.
Las pérdidas económicas estimadas superan el millón y medio de dólares diarios en toda la provincia, de acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio. “Los ingresos están paralizados en todo el sector agrícola. Si no se puede cosechar ni transportar, no hay nada que vender”, explicó Pimentel. La cadena productiva está rota.
Su llamado al Ejecutivo es firme: “No corte el diálogo. Todo conflicto se resuelve en la mesa”.
Huelga ilegal
Mientras tanto, el conflicto entró en una nueva etapa tras una decisión judicial clave. El Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola declaró ilegal la huelga de los trabajadores de la empresa Chiquita Panamá, que inició el pasado 28 de abril. La resolución fue emitida el viernes 16 y notificada el lunes 19 de mayo.
La empresa había presentado la solicitud contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), alegando que la paralización en al menos 21 fincas no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo. El juez Álvaro Jiménez falló a favor de la compañía.
En su resolución, el juez ordenó a los trabajadores reincorporarse en un plazo de 24 horas. De no hacerlo, podrían perder sus derechos laborales y ser despedidos sin responsabilidad por parte del empleador. “Se ordena cumplir el artículo 507 del Código de Trabajo”, indicó el documento.
Además, la sentencia faculta a Chiquita Panamá a contratar nuevo personal y retomar sus operaciones sin impedimento legal. También declara que la empresa no incurrió en responsabilidad durante el periodo de huelga, lo que abre la puerta a una reactivación inmediata de sus actividades.
El llamado del Gobierno
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reaccionó al fallo con un llamado enfático a los trabajadores. “Nos preocupan sus empleos, la estabilidad de la provincia, nos preocupa la pérdida de humanidad de las personas”, expresó en conferencia de prensa desde la Presidencia de la República.
Muñoz advirtió que están en juego más de 7,500 empleos en el sector bananero de Bocas del Toro. “Es importante que se respeten las vías del diálogo y se retomen las labores”, insistió. La ministra apeló a la responsabilidad de los trabajadores para evitar consecuencias irreversibles.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al impacto de los cierres en la economía local. “Estos cierres tienen a Bocas ahorcado”, afirmó. El funcionario remarcó que la libre circulación en la provincia debe garantizarse para restablecer el orden productivo.
Con la presión del fallo judicial, los exhortos del Gobierno y la economía paralizada, la provincia de Bocas del Toro atraviesa un momento decisivo. La tensión crece en calles bloqueadas, mientras, del otro lado, autoridades y empresarios aguardan una respuesta: ¿regresarán los trabajadores a sus fincas o se profundizará el conflicto?
