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Apede pide devolver el proyecto de derecho a réplica a primer debate

Apede pide devolver el proyecto de derecho a réplica a primer debate
El derecho a réplica ya existe: está consagrado en la Ley 22 de 2005, aprobada hace 21 años.

Un riesgo para la libertad de expresión, la independencia editorial y el funcionamiento democrático del país.

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Esto es lo que representa el proyecto de ley 391, que modifica el derecho a réplica en los medios de comunicación, advirtió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). El gremio solicitó que la propuesta sea devuelta a primer debate.

“Al imponer condiciones sobre contenido, espacio y tiempo a los medios de comunicación, el proyecto afecta directamente la libertad editorial y abre la puerta a la injerencia en las decisiones informativas. En la práctica, esto podría convertir el derecho a réplica en un mecanismo de presión sobre periodistas y consejos editoriales, con efectos negativos para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información”, advirtió Apede en un comunicado, el 26 de marzo.

El proyecto 391 ya fue entregado al pleno legislativo para su discusión en segundo debate, aunque cinco de los nueve miembros de la comisión legislativa de Gobierno —que lo aprobó en primer debate el 11 de marzo— han manifestado algún arrepentimiento y estar a favor de que el proyecto regrese a esa instancia.

También el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Herrera, y el diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto, han pedido su devolución al primer debate. Cedeño incluso propuso la idea el pasado lunes en el pleno legislativo, pero una votación para alterar el orden del día y tratar el asunto solo obtuvo el voto favorable de 29 diputados.

Apede es el último gremio en advertir sobre las consecuencias nefastas de esta iniciativa. Antes lo hicieron el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), que consideran que las modificaciones propuestas limitan la independencia editorial y promueven la autocensura.

El derecho a réplica ya existe: está consagrado en la Ley 22 de 2005, aprobada hace 21 años.

Apede advirtió que, en un contexto global marcado por la desinformación y la polarización, Panamá no puede debilitar la libertad de prensa ni el derecho a la información.

“Hacerlo afectaría directamente la confianza pública, el equilibrio democrático interno y contravendría compromisos internacionales asumidos por el país en materia de libertad de expresión, incluyendo principios recogidos en la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana”, recordó Apede.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no se ha manifestado. Cuando la Comisión de Gobierno solicitó su opinión, previo a la aprobación en primer debate, comunicó que el asunto no era de su incumbencia. Apede considera que esa actuación “no ha contribuido a generar claridad en el debate, evidenciando debilidades institucionales que deben ser atendidas”.


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