Estamos cansados.
Cansados de recibir oficios donde se nos exige “buscar al niño”, “ir a la casa”, “convencer al padre”. Cansados de ver cómo el aula se vacía mientras la calle se llena. Cansados de que, en pleno siglo XXI, sigamos discutiendo si educar es solo tarea del maestro.
Porque la verdad que nadie quiere decir en voz alta es esta: hay padres que abandonaron su rol y hay un Estado que mira para otro lado. Y los únicos que pagan son los pobres.
La ley existe. Lo que no existe es voluntad de aplicarla
Revisemos el Código de la Familia. No es un poema. Es ley.
El artículo 59 de la Constitución Política dice que los padres tienen el deber de “velar por la educación de los hijos”.
El artículo 316 habla de la “patria potestad” como un conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con relación a la persona y los bienes de los hijos.
El artículo 763 del Código Judicial faculta al Juzgado de Niñez para aplicar medidas cuando hay negligencia.
¿Sanciones? Sí existen. El Código de la Familia contempla amonestaciones, multas, pérdida de la patria potestad e incluso acciones penales por abandono.
¿Se aplican? Casi nunca.
El problema no es la falta de ley. Es la falta de ejecución. Es más fácil oficiar a un director que abrir un proceso contra un padre. Es más rápido culpar a la escuela que asumir que el sistema de protección colapsó.
¿Resultado? Se crea un mensaje perverso: puedes no mandar a tu hijo al colegio y no pasa nada. Cero certezas de castigo. Cero consecuencias.
Las cifras no mienten: el Estado está fallando
Según datos del Meduca, en 2024 más de 45,000 estudiantes abandonaron las aulas en todo el país. Las principales causas reportadas: problemas económicos, desinterés y falta de acompañamiento familiar.
45 mil niños. Eso equivale a llenar 90 escuelas completas y dejarlas vacías.
Y mientras esas cifras suben, la respuesta institucional baja. No hay suficientes trabajadores sociales, no hay transporte para visitas, no hay procesos ágiles contra padres negligentes. Hay oficios.
Cuando el Estado omite, el crimen ocupa
Mientras el Estado no sanciona al padre ausente, mientras no va a buscar al niño con su equipo técnico, mientras no atiende el hambre y la salud mental, otro actor sí llega puntual: la pandilla, la violencia, la explotación.
Un niño de 12 años que no está en clases a las 8:00 a.m. está en algún lado a las 8:00 a.m. Y ese “algún lado” rara vez es la biblioteca.
Los temas sexuales, el reclutamiento y la droga no aparecen por arte de magia. Aparecen en el vacío que dejan un Estado que delega y un padre que abdica.
La Corte IDH, en el caso Niños de la Calle vs. Guatemala, dijo algo que nos debe quemar: el Estado tiene un deber de garantía reforzada con la niñez. No es opcional. No se delega. Si el Estado no protege, es responsable.
Y en Panamá ese deber se está incumpliendo por omisión.
El castigo siempre cae sobre los mismos: los pobres
Esta es la gran hipocresía.
Al hijo del profesional que falta tres días lo llaman del colegio, va la secretaria y se hace la reunión. Al hijo del padre que trabaja en la informalidad, que no tiene para el bus, que vive en un cuarto alquilado, a ese no lo busca nadie. Hasta que llega el oficio.
Cuando ese niño deserta, no va a una universidad privada. Va a la esquina. Va al consumo. Va a la cárcel.
¿Y quién pierde? El barrio. El país. El propio niño.
Decir esto no es estigmatizar. Es ponerle nombre al problema. La desigualdad no se combate regalando tabletas. Se combate garantizando que el niño más vulnerable tenga escuela, comida, salud y un padre que responda ante la ley si no cumple.
¿Qué se necesita? Tres acciones urgentes y con dientes
Ya basta de mesas de diálogo sin resultados. Se necesita acción coercitiva real:
Aplicar la ley a los padres: crear juzgados de familia expeditos para procesos por incumplimiento del deber de educación. Amonestación, trabajo comunitario, multa. Que haya consecuencias. Hoy no las hay.
Dotar de recursos al equipo técnico del juzgado: si la ley dice que Trabajo Social debe hacer la visita, denle carro, gasolina, personal y seguridad. No le pasen la factura al docente.
Atención integral inmediata: Mides y Minsa deben intervenir en un plazo de 72 horas cuando un niño acumule cinco faltas seguidas. No en seis meses. El hambre, los problemas de salud y la violencia no esperan.
La escuela hará su parte. Pero la escuela sola no puede con la pobreza, la violencia y la ausencia del padre.
Basta de hipocresía
Da vergüenza que en 2026 sigamos debatiendo esto.
Da vergüenza que se le pida al maestro que sea policía, psicólogo y trabajador social, pero no se le exija al padre que lleve a su hijo a clases.
Da vergüenza que el Gobierno se haga el loco con 45 mil niños fuera del sistema, pero después se rasgue las vestiduras cuando esos mismos jóvenes aparecen en las noticias por otros motivos.
Señores: la educación no es un favor. Es un derecho y un deber. Y los deberes se cumplen o se sancionan.
Mientras sigamos protegiendo al adulto irresponsable y culpando al docente, vamos a seguir perdiendo generaciones. Y esa pérdida no la paga el ministro. La paga el pobre.
El autor es docente de Orientación y abogado litigante.
