Las elecciones dejaron algo más que un nuevo reparto de poder: dejaron al descubierto las fisuras acumuladas de la política costarricense. La magnitud del triunfo oficialista no solo redefine mayorías, sino que obliga a preguntarse qué falló en la oposición, por qué el malestar social encontró un solo canal eficaz y hasta dónde puede llegar un gobierno con un poder tan concentrado. Este resultado no cierra una etapa; abre un debate impostergable sobre liderazgo, institucionalidad y el rumbo democrático del país.
El contundente triunfo del oficialismo en los poderes Ejecutivo y Legislativo marca un punto de inflexión en la política costarricense. Con Laura Fernández alcanzando el 48% de los votos y una mayoría legislativa de 31 diputaciones (de 57), el gobierno no solo consolida poder institucional, sino que envía un mensaje claro sobre el estado de ánimo del electorado. El Partido Liberación Nacional, su competidor más cercano, quedó relegado con 17 curules, evidenciando una brecha política y simbólica difícil de ignorar.
Este resultado no puede explicarse únicamente por los méritos del oficialismo, sino también por la profunda incapacidad de la oposición para construir consensos unificadores. Los partidos opositores se mostraron fragmentados, más concentrados en disputas internas y cálculos tácticos de corto plazo que en articular una visión de país creíble y compartida. Ello provocó que varios desaparecieran del escenario legislativo y otros se redujeran a su mínima expresión.
Cabe considerar, además, que en los meses previos a las elecciones distintas fuerzas políticas, de variadas tendencias, sostuvieron conversaciones orientadas a unificar criterios prioritarios y articular estrategias comunes sobre la base de algunos pilares compartidos. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó, en buena medida, por la ausencia de una figura capaz de liderar y ordenar el proceso. En este nuevo escenario, no puede descartarse que la presencia de figuras destacadas en la Asamblea Legislativa, con experiencia y visión política, permita al menos la construcción de una agenda mínima para los próximos cuatro años, particularmente en materia electoral, de cara a las elecciones municipales de 2028, más aún si se considera que el oficialismo logró imponerse en 64 de los 84 cantones del país.
A ello se suma una reiterada mala lectura de la realidad nacional por parte de amplios sectores de la clase política tradicional. Durante años se subestimaron el malestar social, la desconfianza hacia las élites y el cansancio ciudadano frente a discursos alejados de la vida cotidiana, así como la función, la utilidad y el alcance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en particular las redes sociales. En este terreno, el oficialismo realizó una de sus mayores apuestas, desarrollando una estrategia comunicacional ininterrumpida, constante y claramente orientada, que terminó por ampliar su capacidad de conexión con amplios sectores de la ciudadanía.
Así las cosas, el gobierno supo canalizar ese descontento popular con eficacia, combinando una narrativa de orden y control con resultados percibidos en materia de estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, la amplia concentración de poder abre interrogantes legítimas sobre los límites y alcances de las transformaciones institucionales que el oficialismo podrá —o querrá— impulsar, particularmente en ámbitos sensibles como los nombramientos de autoridades institucionales, la relación con el Poder Judicial y la preservación de los equilibrios democráticos.
A ello se añaden serias dudas sobre la capacidad del grupo en el poder para traducir su fortaleza política en logros gubernamentales concretos, especialmente si se considera que la administración saliente dejó pendientes importantes y resultados insuficientes en áreas clave. Esta situación alimenta la percepción de que podría reproducirse un esquema similar, lo que no haría sino profundizar los problemas sociopolíticos y económicos del país, eventualmente cubiertos por un discurso populista y con rasgos autoritarios.
Conviene subrayar, además, que el caso costarricense está lejos de ser una exclusividad y debe leerse en un contexto más amplio. En el plano del análisis y la especulación política —no siempre respaldado por pruebas concluyentes— se observa en distintos países una preocupación creciente por la eventual influencia del crimen organizado en los sistemas democráticos.
Y en una esfera distinta, más claramente documentada y propia de la política internacional, se registran intentos por debilitar el derecho internacional y erosionar la multilateralidad, afectando marcos de cooperación construidos durante décadas. Costa Rica, pese a su sólida tradición institucional, no está aislada de estas dinámicas y enfrenta el desafío de reconocerlas y debatirlas con seriedad.
En el fondo, el problema es más profundo y estructural. Costa Rica ha evitado, por al menos dos décadas, asumir la transformación de sus estructuras sociopolíticas y continúa aferrada a una visión conservadora del sistema, incapaz de comprender y enfrentar la compleja realidad social actual. El triunfo del oficialismo no resuelve ese dilema: lo expone con mayor nitidez.
El escenario que se abre combina oportunidades y riesgos. La contundencia del mandato recibido ofrece al gobierno la posibilidad de impulsar acuerdos, modernizar instituciones y responder a demandas largamente postergadas. Al mismo tiempo, la debilidad de la oposición y la concentración de poder exigen una vigilancia democrática activa, capaz de evitar excesos y preservar los contrapesos que han distinguido históricamente al país.
Entre la esperanza de cambios necesarios y las dudas sobre sus límites, Costa Rica entra en una nueva etapa en la que el futuro no está escrito y dependerá, en buena medida, de la madurez política de sus liderazgos y de la capacidad de la sociedad para defender y renovar su democracia.
El autor es politólogo, ex asesor de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ex funcionario del PNUD, académico e investigador en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Director del medio de opinión La Revista CR.
