Pocos eventos electorales alcanzan la magnitud de las elecciones generales de Brasil. El próximo 4 de octubre, más de 158 millones de brasileñas y brasileños estarán habilitados para acudir a las urnas. Se trata, al fin y al cabo, del mayor electorado y economía de América Latina y una de las más grandes del mundo, por lo que su resultado será clave para la democrática y la geopolítica de la región.

Pero más allá de su escala, lo que Brasil pondrá a prueba es algo más profundo, pues tras varios años de erosión democrática y un posterior proceso de recuperación institucional, lo que está por verse es la capacidad de una democracia altamente polarizada para preservar la integridad de sus instituciones, procesar conflictos políticos intensos a través de las urnas, enfrentar los desafíos y embates de la desinformación y, sobre todo, mantener la confianza ciudadana en las reglas que organizan la competencia democrática.

Asegurar la integridad electoral requiere asegurar la calidad procedimental de los procesos acorde a los más exigentes estándares internacionales. Pero tal como hemos observado en elecciones a nivel global, cumplir rigurosamente con todas las etapas del ciclo electoral no impide que se difundan narrativas de fraude sin evidencia, se ataque el proceso y a los órganos electorales. El cuestionamiento al proceso y resultados se ha transformado en prácticas recurrentes de la competencia política, profundizando climas de desconfianza y deteriorando la legitimidad y aceptación de los resultados electorales.

Brasil cuenta con un sistema político con una justicia electoral altamente institucionalizada, con décadas de experiencia en administración de elecciones y con un sistema de votación electrónica sometido a múltiples mecanismos de verificación y auditoría. Pero la confianza ciudadana en ese sistema está lejos de ser unánime. Así, en febrero de 2026, la encuesta de Genial/Quaest mostró que 53% de los brasileños confiaba en las urnas electrónicas, mientras 43% declaraba no hacerlo. De allí que la transparencia, rendición de cuentas y fortalecer la confianza de la ciudadanía son dimensiones esenciales para proteger la integridad electoral y la propia democracia brasileña.

A esta tensión se agrega un segundo desafío. Brasil es el país de América Latina que más ha avanzado en la regulación del uso de inteligencia artificial en los procesos electorales. Las normas adoptadas por el Tribunal Superior Electoral establecen obligaciones de transparencia para contenidos sintéticos, restricciones al uso de deepfakes y responsabilidades específicas para actores políticos y plataformas digitales.

Las elecciones del 2026 serán el momento decisivo donde el liderazgo regulatorio deberá traducirse en su implementación efectiva. Veremos en qué medida estos avances logran fortalecer las capacidades de las autoridades y las plataformas para cumplir con la obligación de mantener un ecosistema de integridad electoral seguro para candidaturas, partidos y ciudadanía.

Los esfuerzos por regular la política en tiempos de digitalización, polarización e inteligencia artificial que Brasil ha realizado, han atraído la atención del mundo entero. El Tribunal Superior Electoral ha informado que observadores, especialistas y autoridades provenientes de más de 80 países y organismos multilaterales participarán de distintas instancias del proceso. La Organización de los Estados Americanos desplegará más de 90 observadores de 23 nacionalidades en más de 20 estados y en el Distrito Federal, en una oportunidad para comprender cómo un país de gran escala enfrenta simultáneamente muchos de los dilemas comunes en las democracias modernas, tales como polarización tóxica, desconfianza, transformación tecnológica, cuestionamiento de las instituciones y necesidad de responder a demandas sociales.

Todo ello ocurre, además, en un contexto internacional menos favorable para la democracia. El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2026 de IDEA Internacional registra que, aunque predomine el estancamiento, 98 países experimentaron retrocesos en al menos una dimensión de su desempeño democrático entre 2020 y 2025, mientras que las Elecciones Creíbles se deterioraron en 32 países. Una tendencia al declive donde Brasil destaca como un ejemplo de recuperación democrática, con avances en 8 factores durante los últimos 5 años, siendo el país con más progresos del informe.

La forma en que Brasil sortea esta prueba decisiva para la democracia bajo la mirada de América Latina podría ser una referencia importante para el futuro de la región. Una elección íntegra, cuyos resultados sean reconocidos conforme a las reglas constitucionales por los actores en disputa, constituiría una demostración importante de que la recuperación democrática es posible y de que los procesos de erosión no son necesariamente inevitables ni irreversibles.

Tobar es directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

Casas-Zamora, Secretario general de IDEA Internacional desde 2019, miembro del Diálogo Interamericano, y experto en gobernabilidad democrática. Fue vicepresidente de Costa Rica, ministro, alto funcionario de la OEA y académico. Abogado, posee grados de Essex y Oxford.