La reforma educativa anunciada por el presidente José Raúl Mulino y liderada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, representa una valiosa oportunidad para que Panamá fortalezca su sistema educativo y amplíe las opciones disponibles para miles de estudiantes y familias.
Cuando un país decide revisar su modelo educativo, se abre la oportunidad no solo para corregir desafíos pendientes, sino también para incorporar experiencias exitosas que ya han demostrado resultados positivos. En ese contexto, incluir otras modalidades como los Centros Educativos con Propósito Social (CEPROS) puede ser una decisión estratégica de gran impacto.
Panamá ha realizado importantes esfuerzos en materia educativa durante las últimas décadas, incrementando la inversión pública y manteniendo la educación como una prioridad nacional. Sin embargo, persisten retos importantes relacionados con la cobertura, la infraestructura y la permanencia escolar, especialmente en áreas rurales, zonas vulnerables por el alto riesgo social y comunidades de difícil acceso.
Más de 33 mil niños de 4 a 5 años no acceden a educación preescolar, cerca de 89 mil adolescentes están fuera del sistema educativo y una parte importante de la deserción escolar ocurre porque no existe una escuela cercana.
Frente a esta realidad, resulta necesario sumar alternativas que permitan complementar la capacidad del Estado y acelerar soluciones. Allí es donde los CEPROS ofrecen una experiencia valiosa. No se trata de una propuesta nueva ni de una teoría importada: Panamá cuenta con más de 25 años de experiencia con esta modalidad, con resultados concretos y comprobables.
Hoy existen más de 22 planteles bajo este esquema, donde alrededor de 12 mil estudiantes reciben educación de calidad y cerca de 30 mil ya han culminado sus estudios, principalmente en zonas rurales, comunidades vulnerables y áreas de alto riesgo social.
¿Cómo funcionan? Son centros educativos administrados por fundaciones u organizaciones sin fines de lucro con experiencia y vocación educativa, mientras el Estado, a través del Meduca, cubre parcial o totalmente los salarios docentes y aporta recursos vinculados a la matrícula. Es una modalidad de colaboración que fortalece la educación pública, permitiendo que más estudiantes accedan a una formación integral con altos estándares de calidad y en áreas donde, en la mayoría de los casos, representan la única opción educativa para los estudiantes.
Los beneficios son evidentes: menor deserción escolar, mayor estabilidad docente, horarios extendidos, acompañamiento familiar, alimentación complementaria y una participación más activa de la comunidad educativa. Los padres encuentran centros más cercanos a sus hogares, los estudiantes permanecen más tiempo en espacios seguros y los docentes trabajan en entornos más estables y enfocados en resultados.
Además, fórmulas parecidas a esta modalidad han sido exitosas en países como España, Colombia, Chile y Costa Rica, donde han servido para ampliar la cobertura y fortalecer la calidad educativa. Panamá ya cuenta con experiencia local, así como con fundaciones y organismos dispuestos a seguir invirtiendo para ampliar esta red de oportunidades.
El reto principal hoy es darle mayor estabilidad jurídica al modelo. Muchas de estas escuelas operan mediante convenios bilaterales con el Meduca que deben renovarse periódicamente, lo que dificulta la planificación de largo plazo y limita nuevas inversiones. Contar con un marco legal claro permitiría fortalecer la transparencia, ordenar la asignación presupuestaria y facilitar la expansión de nuevas escuelas donde más se necesitan.
Por eso, la reforma educativa que impulsa el Gobierno puede ser el espacio ideal para incorporar formalmente esta modalidad dentro de la Ley Orgánica de Educación: los Centros Educativos con Propósito Social. Esto permitiría establecer una estructura legal definida, mecanismos claros de supervisión, criterios profesionales para la gestión directiva, financiamiento sostenible y una rendición de cuentas transparente.
Los CEPROS complementan y fortalecen el sistema oficial. Son una herramienta adicional para cerrar brechas, aprovechar mejor los recursos y construir más oportunidades para miles de estudiantes panameños.
Los CEPROS ya han demostrado que funcionan. Lo que necesitan ahora es un respaldo legal orgánico que les permita crecer, llegar a más comunidades y seguir contribuyendo al futuro educativo del país.
El autor es profesor.
