Luego de la masiva concentración anticorrupción que se escenificara hace casi un mes, el martes 9 de enero en la cinta costera y en donde el eslogan más utilizado fue “ya despertamos”, el señor contralor despertó de su largo letargo y reaccionó tardíamente a una serie de pagos que previamente y desde hace mucho rato venía refrendando.
El contralor se quejaba, con justificada razón, por una serie de desembolsos que le estaban otorgando a diversas instituciones y que si bien estaban legalizados, no menos cierto es que requieren mayor sustentación. He venido observando con asombro el hecho de que las diferentes instituciones del Estado reciben bonos de retiro por 10, 20 y 30 meses, e inclusive en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, dentro de un programa de hacer “mas joven” a dicha institución, se hicieron pagos individuales por retiro por más de $100 mil y de esto el contralor no dijo absolutamente nada. Mientra que el décimo tercer mes tiene un tope de reconocimiento, los bonos y otros estipendios no tienen un límite, de allí que los promotores de tales beneficios, los niveles superiores de las instituciones, son los que más réditos obtienen.
Mientras que un trabajador de la Autoridad Marítima puede recibir $1,000, el jefe máximo recibe $7,000.
Otro asunto que merece tener en cuenta es que si una sola institución recibe un reconocimiento por aguinaldo, todas deben recibirlo, o es que existe alguna justificación para no hacerlo. En caso de que no sea para todos, no debe ser para nadie. En el sector privado este tipo de reconocimiento no se realiza de manera obligada y queda a decisión de los propietarios de las empresas.
El caso más interesante es el de la Dirección General de Ingresos, a la cual se le distribuye un porcentaje del excedente que se haya logrado en la recaudación estimada.
Esto pareciese ser justo, pero igualmente debe tener un techo límite y no como hasta ahora, que permite que el director general se embolse $36 mil. Por otra parte, hacer un reconocimiento por un período tan corto como un año y sin considerar otros periodos deficitarios no parece ser justo para el Estado. ¿Permitirían los trabajadores de la DGI que se le dedujese del salario en los periodos en que no se logra el estimado? Si a mí me correspondiese tomar una decisión de este tipo lo haría para un período de gestión de recaudación que incluya excedentes y déficit.
Al paso que vamos, el personal de salud reclamará su parte por haber vacunado más pacientes que lo estimado y los policías por haber detenido más delincuentes que el año anterior.
Somos un país pobre y como tal no debemos patrocinar que los políticos, con planes reeleccionistas, estén regalando la plata vía subsidios y esta serie de absurdos discriminatorios. Como se observa en lo que se refiere a la administración de personal, el sector público anda manga por hombro.
El autor es ciudadano