‘SAY WHAT?’. Pronto habrá que poner un traductor para entender qué es lo que quieren decir los diputados cuando intervienen en el pleno. Eso es lo que se desprende de lo dicho por Abel Becker, quien ahora dice que sus palabras se “tergiversaron”. A principios de semana, Becker dijo: “a los políticos nos señalan que somos mentirosos, y es verdad. Tenemos que decir algunas cosas para convencer a los electores, para poder llegar a este puesto, y esas son las cosas que a veces nos incomodan”. Al día siguiente aclaró que se refería a que los proyectos que propuso en campaña dependen de los recursos que facilite el Ejecutivo. “Con eso uno propone al pueblo para convencer”, enfatizó. Lo que dijo antes y ahora son dos cosas muy distintas. La próxima vez que Becker intervenga en el pleno, habrá que darle un margen de 24 horas para que explique bien qué es lo que quiere comunicar.
COMO EL QUEQUE. Fernando Solórzano, que fue administrador de la AMP en el gobierno de Martín Torrijos, regresó a dicha entidad, como asesor. Como decía el político cantante, todos vuelven…
IRONÍAS. A propósito de la AMP, ayer la entidad acudió a la Asamblea Nacional a sustentar su presupuesto para 2020. La oportunidad fue aprovechada por el diputado Roberto Ayala -el que introdujo el camarón que dejó temporalmente sin concesión a PSA- para abogar por el incremento de las inversiones portuarias como una vía para reactivar la economía del país. Tupé...
ESCOZOR. Por los lados de Cambio Democrático la noticia de que el magistrado Jerónimo Mejía se postuló para un nuevo período tiene enardecidos a los Joseph Goebbels de ese partido, repartidos en sus medios propagandísticos. Han emprendido una campaña de descrédito contra Mejía mientras -días atrás- defendían a algunos que un abogado local dijo que les había pagado coimas. Quien tenga dudas de que el cobre brilla, solo tiene que mirar cómo esta gente se quiere hacer pasar por reluciente oro.
COMPETENCIA. El director de Conades, Luis Ramírez ha encontrado indicios de una posible lesión patrimonial contra el Estado –que podía alcanzar millones de dólares– en, al menos, 25 contratos relacionados con proyectos del programa Sanidad Básica durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela. Lo malo es que las denuncias las llevó ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuando debería formalizarlas ante el Ministerio Público. ¿O es que quiere que no haya consecuencias judiciales?
