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Tal Cual

‘DELAY’. Los diputados no quieren asumir las responsabilidades para las que fueron electos y ahora pretenden que sea una comisión (conformada por una firma técnica, una entidad académica y un organismo internacional) la que decida (¡en seis años!) si es necesario aumentar o no la edad de jubilación del programa IVM. Eso no es muy distinto a las mesas de trabajo, diálogos y pactos de Estado que por años se han instalado, sin aportar soluciones reales a la crisis. Pareciera que están haciendo todo lo necesario para garantizar que el Ejecutivo vete el proyecto de ley.

CANJE. Según el diputado Betserai Richards, el PRD pidió 5,000 puestos en la CSS a cambio de votar a favor del proyecto de ley 163. Y eso no solo lo escribió en Twitter, sino que acudió, megáfono en mano, a la sede del PRD, en avenida México, a vociferar sus acusaciones a todo pulmón. El PRD, en respuesta, acusó a Richards de “atacar” sus instalaciones. El partido es llorón y, encima, lo pellizcan…

PATALETA. Las clases no han empezado y ya hay docentes amenazando con un llamado a huelga. ¿En verdad alguien esperaba otra cosa?

EN CINTURA. El canciller Javier Martínez Acha explicó que se le ha pedido a la embajadora de Nicaragua, Jessica Yaoska Padilla, que vigile el comportamiento de su huésped, por considerar que no es acorde a su presunta condición de asilado. Pero así ha sido siempre, incluso en campaña. ¿Qué les hizo ver la luz ahora? ¿Por qué les tomó tanto tiempo entenderlo? Pareciera que todo lo que el loco hace es gracioso, hasta que es uno mismo el blanco de sus tuits.

HORNO. No queda claro si esto es un emprendimiento particular o un programa institucional, pero el alcalde Mayer Mizrachi anunció la venta de pan horneado por privados de libertad. Mizrachi prometió la “reducción” de penas a quienes participen en la producción. Se desconoce si para eso utilizarán la cocina del penal, la de la pizzería Tamburrelli o la de la mamá de Mayer. Mizrachi promueve el plan con el sugerente nombre de “Pan Criminal”. Sería conveniente revisar la ética e incluso la legalidad de exaltar la criminalidad con recursos públicos.


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