Los subsidios en forma de becas educativas nacen de una intención noble: que el origen económico no determine el destino de un estudiante. Sin embargo, cuando se financian y distribuyen como dinero fácil desde un centro que no paga el costo real de sus decisiones, emergen efectos secundarios que rara vez se discuten, pero que terminan golpeando justamente a quienes se buscaba ayudar.
El primer efecto es el aumento artificial de los precios. Si miles de estudiantes reciben becas de manera masiva, las instituciones educativas perciben una demanda “asegurada” y elevan matrículas, cuotas y costos asociados. No lo hacen por maldad: responden al incentivo. Cuando el comprador ya no percibe el precio completo porque un tercero paga, la presión natural para contener costos se debilita. El resultado es claro: la educación se encarece para todos, y la beca se convierte en un parche permanente que necesita crecer cada año.
El segundo efecto es la desalineación de responsabilidades. Si la beca no está vinculada a resultados verificables —asistencia real, rendimiento académico y empleabilidad—, se transforma en un simple traslado de recursos sin control de calidad. Aparecen carreras saturadas y programas que sobreviven por subsidio, no por valor. Se consolida así un ciclo perverso: más becas, más demanda, más precios, más presupuesto y menos exigencia.
El tercer efecto es el daño invisible al que no recibe beca. El trabajador que financia el sistema con impuestos —y que quizá nunca irá a la universidad— asume el costo sin decidir el destino de esos fondos. En economías con recursos limitados, cada subsidio también implica una renuncia: menos inversión en infraestructura escolar básica, menos formación docente, menos tecnología y menos bibliotecas. El costo real no desaparece; solo se oculta.
¿Cuál es la alternativa? Ayudar, sí, pero con diseño inteligente: becas focalizadas en los más vulnerables, competencia real entre instituciones, transparencia total de costos y apoyos que sigan al estudiante como un vale transferible, condicionado al desempeño y con información pública sobre resultados. La educación necesita acceso, pero también disciplina de mercado: que el dinero premie la calidad y no la burocracia.
El autor es analista político.
