En los últimos meses, la auditoría integral de la mina en Donoso ha pasado de ser un ejercicio técnico necesario a convertirse en un campo de disputa política y mediática. En ese contexto, han surgido voces que, a manera de denuncia, cuestionan la idoneidad de la empresa encargada del proceso —SGS Panamá—, alegando, sin mayor sustento, que “no cumple con los parámetros” requeridos. Sin embargo, lo llamativo de tales afirmaciones no es su gravedad, sino su vaguedad: se denuncia sin precisar, se acusa sin demostrar.
Conviene empezar por lo básico. SGS Panamá no es una entidad aislada ni improvisada. Es la filial local de SGS S.A., una compañía con más de un siglo de trayectoria en inspección, verificación y certificación a nivel global. Con presencia en más de 100 países y operaciones en sectores altamente regulados —desde minería hasta energía y comercio internacional—, SGS forma parte de lo que se conoce como la columna vertebral técnica de la economía global. Su función, en esencia, es validar que las cosas se hagan conforme a estándares objetivos.
Cuestionar a SGS, por supuesto, es legítimo. En una democracia, todo proceso de alto impacto debe ser sometido a escrutinio. Pero una crítica seria exige algo más que insinuaciones. Si se afirma que la empresa “no cumple con los parámetros”, corresponde entonces preguntar: ¿cuáles son esos parámetros? ¿A qué normas técnicas internacionales, estándares ambientales específicos o requisitos contractuales establecidos por el Estado panameño se refieren? ¿O se trata simplemente de una percepción subjetiva, revestida de denuncia?
La falta de precisión no es un detalle menor, sobre todo en temas como este. En el ámbito técnico, los parámetros no son conceptos abstractos: son normas verificables, medibles y, sobre todo, debatibles. Existen estándares internacionales —como los sistemas ISO o las mejores prácticas de auditoría ambiental— que permiten evaluar con claridad el desempeño de una firma como SGS. Si alguien considera que dichos estándares no se están cumpliendo, la carga de la prueba recae en quien acusa, no en quien ejecuta.
Más aún, la naturaleza misma de la auditoría a la mina exige una capacidad técnica que pocas organizaciones en el mundo poseen. No se trata de una auditoría financiera convencional, sino de un proceso multidisciplinario que abarca variables ambientales, operativas, legales y de riesgo en una de las explotaciones mineras más complejas de América Latina. Este tipo de evaluación requiere experiencia en campo, metodologías robustas y presencia internacional, características que explican —más allá de simpatías o antipatías— por qué una firma como SGS fue seleccionada.
Esto no implica que el proceso esté exento de cuestionamientos. La transparencia, la supervisión estatal y el acceso público a los resultados serán determinantes para legitimar sus conclusiones. Pero existe una diferencia fundamental entre exigir rendición de cuentas y deslegitimar sin fundamento. La primera fortalece las instituciones; la segunda erosiona la confianza pública sin aportar claridad.
En última instancia, el debate sobre la auditoría minera debería centrarse en hechos, no en insinuaciones. Si SGS Panamá incumple algún estándar, que se diga cuál y que se demuestre cómo.
Si existen conflictos de interés, que se documenten. Si hay deficiencias metodológicas, que se expongan con rigor técnico. Lo contrario —la denuncia imprecisa— no contribuye a la transparencia, sino que la debilita.
Panamá enfrenta una coyuntura compleja en torno a su modelo de desarrollo, sus recursos naturales y su credibilidad institucional. En ese contexto, la discusión pública no puede darse el lujo de caer en la ligereza. Exigir estándares es correcto. Pero, para exigirlos, primero hay que definirlos.
Y ahí es donde, hasta ahora, algunos críticos pseudoambientalistas han quedado en deuda.
El autor es abogado.
