Si la condena de los hermanos Martinelli Linares en Estados Unidos hubiese dependido de presentar testigos que dieran pruebas –videos y/o grabaciones de audio o sus testimonios– de su conspiración para lavar el dinero de las coimas de Odebrecht, entonces habrían sido declarados no culpables. Y si el pez gordo dependiera de las mismas pruebas, entonces no tendría que estar preocupado, porque, al igual que en Panamá, saldría libre en un santiamén.
Las pruebas que reunieron los federales fueron otras, tan incriminatorias como cualquier otra. Tanto así que los acusados decidieron declararse culpables y confesar sus delitos. Pero, aunque se declaren culpables en Panamá –por la misma vía de la confesión–, aún pudieran salvarse, pues ya tenemos el precedente de aquel diputado que decidió hacer público, en rueda de prensa, haber recibido un soborno en el caso Cemis. Pero no hubo ni un solo culpable, ni siquiera él, cuya foto sacudiendo el mazo de dinero, se hizo viral en una época en la que no había redes sociales.
Todo esto nos dice que en Panamá la justicia es un bien sujeto al comercio. No se trata de justicia, sino de negocios. En EU, los funcionarios tienen leyes disuasivas y certeza de castigo. Es decir, están plenamente advertidos de que si los pillan irán por largo tiempo a la cárcel, pues ellos no le roban a un individuo, le roban a todo un pueblo, y eso es claramente una traición a los principios que rigen la política y la democracia.
Lo irónico es que, en Panamá, las víctimas aplauden al ladrón de su dinero; aceptan 10 libras de pavo a cambio de su futuro y ovacionan la presencia de su verdugo cuando promete –por enésima vez– que él es la solución, cuando claramente es el problema. No me alegra la suerte de los hermanos Martinelli, pese a que yo y miles de panameños más, fuimos sus víctimas, porque los sobornos que recibieron no salían del bolsillo de Marcelo ni de Emilio Odebrecht, sino de los nuestros.
Aplaudo, eso sí, la justicia. Su condena en EU respondió a un proceso en el que sus derechos fueron respetados. Las pruebas en su contra fueron suficientes para admitir su delito y ayer, finalmente, fueron condenados por uno de los varios crímenes de los que se les acusó. Es justicia, esa que, en Panamá, de momento, yace inerte en un sarcófago, y cuyos custodios –jueces y magistrados– se aseguran en muchos casos de que nunca logre asomarse.
Es obvio que a la familia Martinelli Linares no le guste del todo cómo terminó todo para sus hijos, pero no puede alegar esas ridículas acusaciones en las que se refugian en Panamá para evitar enfrentar la justicia. Además, creo que el padre pudo haber hecho algo más que lamentar la condena de sus hijos, pero ya lo conocemos. Ciertamente, su forma de conducirse responde con exactitud a la reputación que se ha ganado. Aquel que traiciona una vez, no parará de hacerlo.
