Aquí en Panamá, la reubicación de personas ha tenido varios capítulos, pero los relacionados con los pueblos indígenas se repiten con distintos nombres: Bayano, donde el desarrollo avanzó sin preguntar demasiado; Chan 75, donde se negoció, pero no siempre se convenció; Barro Blanco, donde el conflicto terminó ocupando el lugar de la planificación; y ahora Gardi Sugdub, donde ya no es el Estado el que empuja, sino la naturaleza misma.
Y creo —a excepción de Gardi Sugdub— que el problema ha sido la forma en que se han enfocado cada una de estas situaciones. Hemos tratado la reubicación como un trámite administrativo: mido, te pago y circula. Pero una comunidad indígena no es la suma de sus casas. Por eso, lo que no se planifica socialmente termina estallando políticamente.
No es lo mismo quien ha vivido mudándose entre alquileres, apartamentos y oportunidades, que quien no “ha vivido en un lugar”, sino que es parte de él. Para muchos, cambiar de casa es una incomodidad logística; para otros, es apenas otro capítulo más.
Pero en las comunidades indígenas no se trata de mudarse: se trata de desprenderse de un espacio que no es solo físico, sino espiritual. Ahí la tierra no es propiedad, es vínculo. No es una dirección, es identidad. No es inversión, es memoria viva y, en muchos casos, territorio sagrado.
Por eso, lo que para unos es una mudanza, para otros es una ruptura profunda —no solo con el pasado, sino con su forma de entender el mundo—. Pretender que ese vínculo se compensa con dinero es no entender el problema. Y cuando no se entiende, se improvisa. Y cuando se improvisa, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.
Entonces pasa lo predecible: protestas, retrasos, judicialización y un Estado que llega tarde a mediar lo que pudo haber evitado. No porque el conflicto sea inevitable, sino porque fue mal diseñado desde el inicio.
Pero Panamá no parte de cero. Hay instituciones que han demostrado que este país puede ejecutar procesos complejos con planificación y legitimidad, como la Autoridad del Canal de Panamá. La capacidad existe. Lo que falta es aplicar ese mismo estándar cuando lo que se mueve no es infraestructura, sino personas.
La diferencia es sencilla, aunque incómoda: dejar de ver la reubicación como un traslado y empezar a tratarla como un proyecto de vida. Eso implica participación real, reposición integral, reconstrucción del tejido comunitario y acompañamiento después del traslado. Porque el éxito no es entregar una vivienda, es lograr que la vida funcione.
Esto no es un gesto humanitario; es una decisión inteligente. Evita conflictos, reduce costos y construye algo que en Panamá escasea cuando más se necesita: confianza.
Panamá ha demostrado que sabe ejecutar grandes obras.El siguiente nivel es demostrar que también sabe mover vidas sin fracturarlas.
El autor es abogado y analista jurídico-social.
