En la República de Panamá, la Constitución reconoce la libertad de tránsito como un derecho fundamental. Es decir, circular libremente no es una concesión del Estado, sino una garantía frente a este. La regla es clara: nadie puede ser detenido sin orden judicial o fuera de los estrictos supuestos de flagrancia. Todo lo demás es excepción. Y las excepciones, en un Estado de derecho, no se convierten en costumbre.
Sin embargo, desde hace años, la Policía Nacional ha normalizado los llamados retenes o puntos de control bajo el discurso de la lucha contra el crimen. Una práctica que, más que combatir la delincuencia, ha ido erosionando silenciosamente principios básicos: la presunción de inocencia, la libertad de tránsito y el límite al poder coercitivo del Estado. Hoy se detiene primero y se justifica después. El ciudadano ya no circula libremente; circula tolerado.
Paralelamente, el propio Estado ha creado otra costumbre aún más corrosiva: la circulación de vehículos oficiales —especialmente de altos funcionarios— sin placa, con luces estroboscópicas, bajo el pretexto de “proteger la identidad” del dignatario. Una figura curiosa, por decir lo menos, en una república donde el poder debería ser visible, identificable y responsable. Aquí no existe anonimato del poder; lo que existe es un privilegio ilegal ritualizado.
Así, mientras al ciudadano común se le exige detenerse, mostrar documentos y someterse, al poder se le permite circular invisible. Doble rasero, doble legalidad. Un Estado que predica orden mientras practica la excepción permanente.
En este contexto ocurre el episodio reciente: un diputado de la República circulando sin placa —como lo hacen ministros y altos funcionarios sin que nadie los moleste— es interceptado en un retén. No se detiene. Se inicia una persecución que termina a tiros. Balas reales disparadas en nombre del orden, por una infracción administrativa nacida de una ilegalidad previamente tolerada por el propio Estado.
Aquí no hay héroes. Hay contradicciones.
Está mal que un diputado circule sin placa. Sí.Está mal que existan retenes indiscriminados sin sustento constitucional claro. También.
Está infinitamente peor que el Estado, incapaz de corregir sus propias ilegalidades estructurales, pretenda imponer autoridad a balazos.
El uso de armas de fuego es el último recurso frente a una amenaza grave e inminente contra la vida. No es un mecanismo pedagógico para corregir infracciones administrativas ni un atajo para compensar la falta de coherencia institucional. Cuando el gatillo reemplaza a la legalidad, el Estado deja de ser garante y se convierte en riesgo.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es el resultado lógico de un sistema esquizofrénico donde la Constitución se cita, pero no se respeta; la ley se aplica al débil, pero se negocia con el poderoso; la ilegalidad se normaliza hasta que alguien decide no someterse. Y cuando alguien no se somete, el Estado —confundido entre autoridad y fuerza— dispara.
Panamá no necesita más retenes ni más sirenas sin placa. Necesita coherencia. Necesita que la ley sea ley para todos… o para nadie. Porque cuando el orden se construye sobre privilegios ilegales, la violencia no es una excepción: es la consecuencia.
El autor es empresario.
