En Panamá está ocurriendo algo profundamente preocupante: quienes deberían garantizar la democracia hoy intentan cerrarle la puerta. Las propuestas de reforma al Código Electoral impulsadas por los partidos políticos ya constituidos no buscan fortalecer la participación ciudadana, sino limitarla, especialmente cuando se trata de los candidatos por libre postulación.
No es una coincidencia. El crecimiento de las candidaturas independientes ha demostrado que la ciudadanía quiere opciones reales, nuevas voces y representación auténtica. Y eso incomoda. Incomoda a estructuras partidarias desgastadas, más preocupadas por conservar privilegios y mantener el estatus quo que por renovarse y actuar con ética y transparencia en la gestión pública.
En lugar de competir con ideas, propuestas y trabajo político honesto, los partidos tradicionales optan por levantar barreras contra quienes les dieron pelea jugando bajo las reglas vigentes. Proponen reglas más estrictas, menos oportunidades y un sistema diseñado para proteger a los mismos de siempre. No es una defensa de la institucionalidad; es miedo. Miedo a ser reemplazados por una ciudadanía que ya no se siente representada.
La democracia no se fortalece excluyendo; se fortalece ampliando la participación. Coartar la libre postulación es coartar el derecho de los panameños a elegir y ser elegidos. Panamá no necesita reformas hechas para perpetuar el poder, sino reglas que garanticen competencia real, igualdad de condiciones y que pongan al ciudadano —no a los partidos— en el centro del proceso electoral.
Lo más grave es el mensaje que envían: cuando el pueblo participa, estorba. Cuando decide organizarse fuera de los partidos, hay que frenarlo. Eso no es democracia, es control. La historia demuestra que los sistemas que se niegan a renovarse terminan siendo superados, no por la fuerza, sino por la voluntad popular. Limitar la libre postulación no salvará a los partidos; solo confirmará lo que muchos ya sospechan: que no temen perder elecciones, temen perder el monopolio del poder.
La autora es abogada, especialista en políticas públicas.
