Hablar hoy de reforma educativa en Panamá no es una consigna política ni un ejercicio retórico. Es una respuesta necesaria a una crisis que se ha vuelto imposible de ignorar: miles de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, aprendizajes básicos no alcanzados y brechas territoriales que siguen determinando el futuro desde el lugar donde se nace.
Este debate ocurre, además, en un contexto internacional relevante. Panamá ha manifestado su aspiración de integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países que, más allá de sus diferencias, comparten un rasgo común: políticas públicas sostenidas, evaluadas y basadas en evidencia. La educación es uno de los pilares centrales de ese estándar.
Conviene ser claros desde el inicio. La OCDE no impone una reforma educativa específica como requisito de ingreso. Sin embargo, sí observa con atención la capacidad de los Estados para diseñar y sostener sistemas educativos que garanticen calidad, equidad y resultados medibles. Y ahí es donde Panamá enfrenta su mayor desafío.
Una reforma educativa seria no ofrece resultados inmediatos. No transforma aprendizajes en uno o dos años ni mejora de forma automática los indicadores internacionales. Pretenderlo solo genera frustración y deslegitima el proceso. Lo que sí debe esperarse desde el inicio es un marco legal moderno, capaz de convertir compromisos políticos en obligaciones permanentes y proteger los avances frente a los cambios de gobierno.
La experiencia internacional deja lecciones claras. Países de la región como Colombia, Perú y México actualizaron sus leyes educativas para asegurar continuidad y coherencia en las políticas. Brasil reformó su educación media para fortalecer competencias clave y ofrecer trayectorias más flexibles. En Europa, sistemas como los de Estonia y Finlandia apostaron por evaluación rigurosa, formación docente sólida y autonomía responsable de las escuelas. La constante no ha sido la ideología, sino el enfoque: aprendizajes, equidad y evaluación.
De esas experiencias, Panamá puede aprender al menos cuatro cosas.
Primero, que el foco debe estar en el aula. Las reformas exitosas priorizan lectura, matemáticas, ciencias y habilidades para el siglo XXI.Segundo, que la evaluación no es negociable. Medir resultados no es castigar, es gobernar con información.Tercero, que la carrera docente es el corazón del sistema: ningún país ha mejorado aprendizajes sin docentes bien formados, acompañados y evaluados con criterios claros.Cuarto, que la equidad se diseña. Los países que reducen brechas destinan más recursos y mejores capacidades a los territorios más rezagados.
También es importante saber qué no esperar. No habrá consensos absolutos ni reformas sin costos políticos. Tampoco resultados inmediatos. Una transformación educativa real incomoda, porque cambia reglas, exige rendición de cuentas y cuestiona inercias históricas.
La pregunta de fondo no es si Panamá reforma su sistema educativo para cumplir con la OCDE. La pregunta es más profunda: ¿estamos dispuestos a establecer reglas claras y duraderas que obliguen a cualquier gobierno futuro a garantizar educación de calidad, evaluar resultados y rendir cuentas? Si la respuesta es sí, el país estará más cerca de estándares internacionales y, sobre todo, de saldar una deuda histórica con sus niños y jóvenes. Si no, esta reforma será solo otro intento más condenado al olvido.
En este proceso, el rol de los gremios docentes será determinante. Ninguna reforma educativa es viable sin los maestros, pero tampoco puede quedar capturada por intereses corporativos que ignoren el derecho de los estudiantes a aprender. En los países que han logrado avanzar, los gremios han sido parte de la solución cuando asumieron una lógica profesional: defensa de condiciones laborales, sí, pero también compromiso con la calidad, la evaluación y la mejora continua. Panamá necesita gremios fuertes, pero también responsables, capaces de sentarse a construir reglas claras, aceptar la evaluación como herramienta de mejora y entender que proteger la educación pública implica, ante todo, proteger los aprendizajes de los estudiantes.
El autor es profesional multidisciplinario: ingeniero industrial, internacionalista y abogado.
