La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC) para operar en Balboa y Cristóbal no es un tema “técnico” reservado a abogados y navieras. Es un punto de inflexión político. Pone a prueba si el Estado panameño puede corregir un arreglo contractual cuestionado sin quebrar la confianza de los inversionistas. Y, al mismo tiempo, confirma algo más amplio: la infraestructura estratégica ha vuelto al centro de la política exterior, y Panamá está atrapada en esa corriente, aunque no la haya buscado.
Empecemos por lo básico. Balboa y Cristóbal no son “dos puertos más”. De acuerdo con cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) citadas por La Prensa, en 2025 ambos movieron 3.88 millones de TEU, equivalentes al 39.2% del movimiento total de contenedores del país, y concentraron el 39.5% del trasbordo —el verdadero motor del sistema portuario panameño—. Si estas terminales se traban, se resiente el ecosistema entero: líneas navieras, transporte terrestre, zonas logísticas, empleo y, sobre todo, la reputación.
Por eso, el mensaje del presidente José Raúl Mulino a la nación fue, ante todo, un esfuerzo por reducir la ansiedad y blindar la continuidad. Mulino subrayó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, el operador actual se mantiene sin cambios operativos. Luego vendrá un período de transición hasta una nueva concesión “bajo términos y condiciones favorables para nuestro país”. Anunció que su gobierno activó un plan de contingencia hace un año, nombró a Alberto Alemán Zubieta para coordinar un equipo técnico, instruyó a la AMP a reunirse de inmediato con PPC y prometió dos mensajes que en Panamá cuentan: no habrá improvisación ni despidos.
En el mismo mensaje, Mulino dejó claro el mecanismo de “puente” que el gobierno quiere usar: APM Terminals Panamá, subsidiaria de A.P. Moller-Maersk, mostró disposición para asumir transitoriamente la operación una vez que el fallo sea ejecutoriado, hasta que exista una nueva concesión. Es una señal de estabilidad operativa para el mercado y los usuarios globales de la cadena de suministro.
Hasta aquí, la historia podría leerse como un ajuste doméstico. Pero sería ingenuo. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, la Casa Blanca afirma sin rodeos que buscará negar a “competidores no hemisféricos” la capacidad de “poseer o controlar activos estratégicamente vitales” en el hemisferio, y lo presenta explícitamente como un “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. Esa frase importa porque reetiqueta puertos, energía y logística como asuntos de seguridad nacional, no solo de comercio.
Ese marco ya se venía sintiendo. En febrero de 2025, Reuters reportó que el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, transmitió a Mulino un mensaje de Donald Trump: si Panamá no tomaba “pasos inmediatos” para terminar con lo que Washington describía como la influencia china sobre el Canal, Estados Unidos “tomaría las medidas necesarias”. En ese mismo reportaje aparecen los puertos operados por la filial de CK Hutchison como ejemplo concreto para sostener el argumento de “influencia y control” y, además, como supuesto problema bajo el Tratado de Neutralidad.
En ese clima, una controversia contractual adquiere una carga geopolítica automática. No porque el contrato “sea China”, sino porque el debate en Washington convirtió la infraestructura en una prueba de lealtad estratégica. El riesgo para Panamá es terminar gestionando un problema real de gobernanza contractual con un guion escrito desde afuera: o bien “victoria hemisférica” para Estados Unidos, o bien “persecución” para China. Ninguno de los dos encuadres ayuda a Panamá a salir mejor parada.
Y Panamá sí tenía un problema real antes de que la geopolítica lo amplificara. La Contraloría General de la República publicó en 2025 hallazgos preliminares de auditoría en los que sostuvo que Panamá debió haber recibido $1,337 millones por concesiones portuarias en 24 años, pero solo ingresó $483 millones. También señaló sacrificios fiscales por $349 millones y una brecha de $449 millones asociada a precios de TEU no revisados desde 2010. Más allá de los debates sobre metodología o responsabilidades, esto construyó una narrativa doméstica poderosa: el contrato era perjudicial para el Estado y políticamente insostenible.
El fallo judicial anuló los contratos y los declaró inconstitucionales por otorgar privilegios exclusivos y exenciones fiscales. La sentencia también complica el panorama de la venta de activos portuarios de CK Hutchison y reabre la pregunta sobre cómo Panamá relicitará o reestructurará la concesión con garantías jurídicas.
Ahora viene la parte difícil: PPC ya inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño. La empresa activó el proceso conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el litigio podría tardar años. PPC solicita una indemnización y argumenta que el arreglo fue tratado durante décadas como “contrato-ley”, reclamando estabilidad jurídica y alegando incumplimientos del Estado. En otras palabras: el conflicto no terminó con el fallo; apenas cambió de escenario.
Aquí está el nudo de fondo. Si Panamá maneja esto como una revancha, pierde. Si lo maneja como una concesión a Washington, también pierde. La salida es institucional y tiene costos: transparencia, procedimientos claros y una nueva concesión diseñada para resistir el escrutinio internacional. Eso implica publicar y fundamentar de forma robusta, comunicar cronogramas y criterios, proteger la continuidad operativa y, al mismo tiempo, elevar el estándar de regulación y fiscalización, para que “mejores términos” no sean un eslogan sino una estructura verificable.
También implica diplomacia fría. China ya reaccionó con dureza y Mulino ha defendido la independencia del Órgano Judicial. Washington, por su parte, tenderá a vender el episodio como prueba de que su presión funciona. Panamá debe evitar convertirse en trofeo de nadie. En un entorno de “Monroe Doctrine” reinterpretada, donde la región se mide por el control de flujos —migración, drogas, logística— y por “activos estratégicos”, la autonomía se defiende con reglas, no con gestos.
¿Qué debería hacer Panamá ahora? Cuatro cosas, sin romanticismo.Primero, blindar la continuidad operativa mediante un cronograma público y una gobernanza clara de la transición, minimizando la incertidumbre para clientes y trabajadores.Segundo, estructurar una nueva concesión competitiva, con obligaciones de inversión auditables, cláusulas anticaptura y una arquitectura fiscal que no vuelva a depender de “sacrificios” normalizados.
Tercero, preparar una defensa arbitral seria, profesional y desideologizada, sin convertir el caso en propaganda.Cuarto, sostener una política exterior que coopere con Estados Unidos donde convenga, sin aceptar que la soberanía panameña sea negociable ni que la política portuaria se escriba en otra capital.
El fallo de la Corte abre una oportunidad para mejorar la calidad del Estado y reordenar un activo estratégico con reglas más justas. Pero también puede convertirse en un precedente peligroso si se interpreta como “cambio de dueño geopolítico” en lugar de “corrección institucional”. La diferencia no estará en los discursos. Estará en el debido proceso, en la transparencia y en si Panamá logra que su política portuaria vuelva a ser, ante todo, una política pública.
El autor es profesor de la University of North Texas at Dallas.
