Panamá arrastra problemas en su mercado laboral desde hace décadas. La inversión extranjera y el gasto público han amortiguado sus efectos, evitando que la situación estallara antes.
Si bien la política pública es importante, lo es aún más comprender la raíz de los problemas que se buscan solucionar. Para ello existe una lectura básica que ayuda a enfocar el análisis: me refiero al ensayo Lo que se ve y lo que no se ve, de Frédéric Bastiat (1850), y décadas más tarde a la publicación Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Ambas obras, sin recurrir a tecnicismos ni modelos abstractos, permiten entender la economía a través de los efectos de las decisiones humanas, los incentivos y la intervención estatal.
Panamá no escapa a esta lógica. Desde 2014 el mercado laboral ha mostrado un deterioro sostenido. Hoy observamos desempleo e informalidad en aumento, superando niveles que no veíamos desde 2005. Sin embargo, las respuestas políticas suelen centrarse en soluciones inmediatas, de bajo costo político, que ignoran la complejidad del comportamiento humano y los incentivos que generan.
El Proyecto de Ley 342, orientado a incentivar pasantías para jóvenes entre 17 y 25 años, surge en este contexto. Su intención es loable: facilitar la experiencia laboral y reducir el desempleo juvenil. Pero los antecedentes de este tipo de políticas invitan a la cautela. El programa “Mi Primer Empleo”, adoptado por este y el anterior gobierno, no ha mostrado evidencia clara de éxito pese a la narrativa oficial. En ausencia de aprendizaje institucional, se repiten iniciativas similares bajo nuevos nombres y, posiblemente, con resultados similares.
Que propuestas parecidas funcionen en países como Alemania o Singapur no garantiza el éxito en nuestro país. El desempeño de estas iniciativas depende del contexto productivo en el que operan. Las economías donde estos modelos funcionan poseen estructuras productivas complejas, con múltiples etapas de generación de valor y mayor demanda por habilidades diversas.
Panamá, en cambio, presenta una estructura productiva más corta y orientada a bienes de consumo. Bajo este escenario, la demanda por personal especializado es menor que en los países que suelen aplicar estas políticas.
El Índice de Complejidad Económica (ICE) del Harvard Growth Lab, que estudia 145 países, refleja esta diferencia: en 2023 Panamá ocupó la posición 103, mientras países como Singapur (1), Alemania (6) y República Checa (11) se ubicaron entre las primeras posiciones globales. Mientras más alto el ICE de un país, mayor es su capacidad de producir bienes complejos y únicos, lo que predice un mayor crecimiento económico a largo plazo. Esta brecha implica menor diversificación productiva, menor encadenamiento industrial y menor capacidad de absorción laboral especializada.
El contraste también aparece en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation. Panamá supera a Alemania y a Chequia únicamente en libertad laboral —asociada a menores costos de despido y menor negociación colectiva—, pero queda rezagado en dimensiones clave como libertad empresarial, protección de la propiedad privada y libertad para comerciar.
Esto sugiere que el problema no radica únicamente en la falta de oportunidades o experiencia laboral, sino en la limitada capacidad del entorno institucional para generar inversión, atraer capital y fomentar la creación de empleo en un marco jurídico sólido.
Además, el diseño de incentivos merece atención. Con salarios mínimos que en algunos sectores superan la productividad marginal del trabajador, pueden surgir incentivos para sustituir mano de obra adulta por pasantes jóvenes. Aunque la ley intente evitarlo, el esquema podría presionar financieramente a micro y pequeñas empresas, que constituyen la mayoría del tejido productivo nacional.
Nada de esto implica que el Proyecto de Ley 342 sea perjudicial. Significa que, por sí sola, difícilmente resolverá las causas estructurales del desempleo juvenil. Una estrategia efectiva requeriría reformas más profundas: modernización del Código Laboral, reducción de barreras regulatorias, eliminación de proteccionismo, fortalecimiento institucional y expansión de la estructura productiva.
Sin ese cambio, políticas bien intencionadas corren el riesgo de administrar síntomas en lugar de resolver causas.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
