En 120 años Panamá dictó más de 57,000 normas, y ni el propio Estado tiene un registro confiable de cuántas siguen vivas. Al menos 4,500 están formalmente derogadas pero siguen circulando en las bases de datos como si rigieran. En 10,108 demandas administrativas, por cada fallo a favor del particular hay más de tres en contra.
Hay 31,211 reformas cruzadas entre normas. 1 de cada 4 normas existe para modificar a otra. Vamos rumbo a la década más legisladora de la historia del país: 80s ≈ 2.300 → 2000s ≈ 9.100 → 2020s: 9.756 y la década ni ha terminado. 2,791 son las veces que los jueces nacionales citan a la Corte Interamericana de DD. HH. y la lista de datos podría seguir todo el día.
Ninguna IA del mundo puede responder con esta precisión, no solo porque la información es posterior a su entrenamiento, sino porque su razonamiento mismo está estructurado con base en sociedades muy diferentes. Los datos dan para varios papers, no obstante lo impresionante de las cifras es también su aspecto menos crítico. El Estado no planeó estructurar su data en torno a la generación de información aprovechable. Y nuestro alcance en el tiempo está limitado a lo accesible. Hay toneladas de información histórica para entender nuestro país degradándose en algún archivador o enterradas en servidores inaccesibles.
Nos estamos adelantando al imaginar una IA que reemplace jueces, abogados y servidores públicos en general. Lo que hasta ahora ha probado ser es una herramienta para identificar patrones y ejecutar tareas repetitivas. Aquí es donde el capital intelectual de los abogados puede brillar. No ya estructurando los aspectos repetitivos de las demandas en los despachos, sino concentrando sus esfuerzos en identificar las ideas y razonamientos de los tribunales, encontrar los precedentes adecuados o identificar todas las posibles opciones. A diferencia de las ciencias exactas, disciplinas como el derecho o las ciencias políticas emplean variables que no son verdades universales, dependen de un criterio de interpretación en muchos casos para determinar una versión de la realidad.
Los modelos de lenguaje (LLM) no están especialmente entrenados en español, ni en aspectos culturales regionales, mucho menos en comprender el funcionamiento de países pequeños como los nuestros. Instituciones públicas, embajadas, ONG y empresas se beneficiarían de lo que denominamos topología del conocimiento, un aspecto fundamental para entender el derecho como sistema dentro del marco social, político y normativo panameño.
En iurispa hemos atacado este flanco diseñando una infraestructura de inteligencia que depura y evalúa la información de manera escalable. Para entender la importancia de esto es crítico saber que un modelo de IA por sí solo aporta únicamente una fracción del trabajo, por más inteligente que sea, con la información equivocada no será capaz de ayudar de forma fiable. Los datos, por sí solos, tampoco dicen mucho. Una pila de datos sin racionalizar adecuadamente podría llevar al modelo a reproducir los defectos de la data que analiza en sus respuestas, sin que lo notemos. Nuestro algoritmo de calificación no se orienta por el estándar de conocimiento del LLM del momento, impone sus propios criterios a este cerebro artificial, lo ayuda a entender mejor la realidad panameña. No es solo un papagayo repitiendo de memoria la norma que leyó de un PDF, es un sistema de razonamiento que busca entender el contexto de la norma.
Donde está el principal valor de la IA actualmente no es en reemplazar disciplinas enteras, sino en ocupar los trabajos repetitivos, filtrar las tareas tediosas y dejarnos la labor de razonar. Como toda herramienta, puede ser usada para el bien o para el mal, mejorar nuestras capacidades o empeorarlas, todo está en nuestras manos. ¿Cuánto hay de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestra sociedad, que podremos aprender con la IA? ¿Estamos facilitando el camino para esto o seguimos al margen de la nueva revolución industrial?
El autor es abogado y asesor en temas políticos y parlamentarios.
