Cada vez que Panamá adopta una medida relacionada con la transparencia fiscal, el intercambio de información o la sustancia económica, surge la misma pregunta: ¿por qué Europa sigue mirando a Panamá?
La interrogante es válida. Después de todo, somos un país pequeño, con poco más de cuatro millones de habitantes y una economía que representa una fracción de las grandes potencias mundiales. Sin embargo, esa percepción cambia cuando dejamos de mirar el tamaño y observamos el rol que Panamá desempeña en la economía global.
En servicios internacionales, logística, comercio y movimiento de capitales, Panamá juega en una liga muy distinta a la que correspondería por su escala geográfica. Esto no es casualidad. Durante décadas, el país ha construido una plataforma internacional basada en ventajas difíciles de replicar simultáneamente: una posición geográfica privilegiada, el Canal de Panamá como eje del comercio mundial, un centro bancario internacional, zonas francas, conectividad aérea estratégica y un sistema tributario basado en el principio de territorialidad.
Esa combinación ha convertido a Panamá en un punto de conexión relevante entre mercados y flujos financieros. Y precisamente por ese éxito, el país ha estado bajo observación permanente de organismos internacionales y bloques económicos interesados en la evolución de las reglas fiscales globales.
Conviene, sin embargo, aclarar algo importante. La Unión Europea no le exige a Panamá adoptar un determinado nivel de impuestos ni imponer un modelo tributario específico. Lo que sí evalúa es si las jurisdicciones cuentan con mecanismos que eviten que ciertas estructuras obtengan beneficios fiscales sin una actividad económica real que los respalde.
Ese matiz es clave. No estamos ante un debate clásico sobre soberanía fiscal, sino frente a una transformación más amplia en la forma en que se entiende la tributación en un mundo globalizado.
Este debate no nació con Panamá ni es exclusivo de la región. Durante años, numerosas jurisdicciones compitieron para atraer inversiones, holdings y centros financieros. Con el tiempo, algunos gobiernos comenzaron a cuestionar situaciones en las que empresas generaban ingresos significativos en territorios donde prácticamente no tenían empleados, activos o capacidad real de decisión.
Fue en ese contexto donde tomó fuerza el concepto de sustancia económica.
La idea es sencilla: si una entidad obtiene beneficios desde una jurisdicción, debe existir una presencia económica razonable que los justifique. Se trata, en esencia, de alinear la tributación con la actividad económica real.
Panamá no ha sido el único país llamado a adaptarse. Jurisdicciones como Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Bermudas, Islas Caimán, Jersey, Guernsey e incluso Costa Rica y Uruguay han introducido reglas similares orientadas a demostrar actividad económica efectiva.
Por ello, presentar esta discusión como un enfrentamiento entre Panamá y Europa simplifica una realidad mucho más compleja. Lo que estamos observando es una transformación global impulsada por mayores exigencias de transparencia y coherencia fiscal.
La verdadera pregunta no es si estamos de acuerdo o no con esa realidad, sino cómo Panamá puede adaptarse sin perder las ventajas competitivas que han sustentado su crecimiento durante décadas.
En ese contexto, la reciente Ley de Sustancia Económica adquiere relevancia. Más que una ruptura con nuestro sistema tributario, busca responder a un entorno internacional que exige mayor correspondencia entre los ingresos obtenidos y la actividad que los genera. Es, en ese sentido, un ajuste necesario.
Sin embargo, la aprobación de una ley no resuelve todos los desafíos. La reglamentación y la forma en que se implemente serán determinantes. De ello dependerá no solo el cumplimiento técnico, sino también la percepción internacional de Panamá como una jurisdicción confiable.
El reto, como casi siempre, está en encontrar el equilibrio: cumplir con los estándares internacionales sin erosionar las fortalezas que han permitido al país posicionarse como un hub regional de negocios.
Porque, al final del día, lo que está en juego no es únicamente una discusión tributaria. Es la capacidad de Panamá para seguir siendo un actor relevante en una economía global que evoluciona rápidamente, donde competitividad, transparencia y confianza ya no son opciones excluyentes, sino condiciones que deben ir de la mano.
El autor es socio director de Deloitte Panamá y líder de Impuestos y Legal.
