Imagina el océano como un inmenso lienzo azul que cubre el 71% del planeta. No es solo un espacio transitable, aprovechable o de disfrute; es nuestro sistema de soporte vital. Produce aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe la mayor parte del calor excedente generado por las emisiones actuales de dióxido de carbono. Sin embargo, ese lienzo hoy muestra tensiones crecientes superpuestas: redes y palangres industriales, rutas marítimas, plataformas petroleras, cables submarinos y áreas de conservación, compitiendo por un espacio finito.
Ante este escenario, la Planificación Espacial Marina (PEM) surge como un proceso público para analizar y organizar, de manera espacial y temporal, las actividades humanas en el mar. Su propósito es reducir conflictos, aumentar la compatibilidad entre usos y garantizar la sostenibilidad ecológica y económica. En esencia, la PEM nos permite tomar decisiones hoy con la visión del mañana en la mano.
La eficacia de este modelo ya no es solo teórica. En el Mar del Norte, países europeos han logrado armonizar la pesca, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de energía eólica marina mediante procesos de planificación espacial respaldados por ciencia y gobernanza sólida. En Australia, la zonificación y los corredores ecológicos han fortalecido la gestión de la Gran Barrera de Coral, integrando conservación, turismo y actividades productivas bajo reglas claras.
Estas experiencias demuestran que la PEM no busca excluir actividades, sino ordenarlas con base en información geográfica de alta calidad. Un mapa de PEM no es un simple dibujo: es una plataforma de datos que integra distribuciones biológicas, variables oceanográficas, infraestructura existente y aspiraciones sectoriales. Sin información confiable, la toma de decisiones sobre el espacio marino se debilita y se expone a conflictos sociales, económicos y legales.
Uno de los momentos más reveladores del proceso PEM es el análisis de superposición espacial. Cuando se integran los “mapas de aspiraciones” de los distintos sectores —pesca artesanal e industrial, transporte marítimo, conservación, turismo y energía— emerge una realidad matemática contundente: las demandas de uso suelen exceder el 100% del área disponible.
Esta convergencia hace visibles conflictos que a simple vista pasan desapercibidos, como rutas de navegación que atraviesan ecosistemas sensibles o zonas de pesca industrial que se traslapan con áreas clave para la flota artesanal. La superposición de capas permite identificar zonas de alta aptitud espacial y, sobre todo, abrir espacios de negociación informada. Allí donde los datos muestran compatibilidad, pueden promoverse usos múltiples; donde evidencian incompatibilidad, deben definirse prioridades con criterios técnicos y sociales claros.
En febrero de 2025, durante el Segundo Foro Internacional de PEM organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, quedó claro que Centroamérica tiene una oportunidad estratégica: diseñar su propio mapa regional con base científica y legitimidad social.
Pero un mapa, por más preciso que sea, carece de efectividad si no cuenta con la validación de quienes viven y trabajan en el mar.
Aquí entra en juego la cartografía participativa. No es posible diseñar el futuro del océano únicamente desde oficinas técnicas. El conocimiento tradicional de comunidades costeras, pescadores artesanales y operadores turísticos aporta información detallada sobre rutas históricas, sitios de importancia cultural y patrones ecológicos locales. Cuando estos saberes se integran al proceso, el modelo gana precisión y legitimidad. Los datos dejan de ser abstractos y se convierten en la representación de un territorio vivo.
Integrar productos participativos en la PEM es, además, una estrategia efectiva para reducir la polarización. Cuando los usuarios del mar se convierten en generadores de información y actores del proceso, la gestión deja de percibirse como una imposición y se transforma en una construcción colectiva. Fortalecer capacidades locales en lectura de mapas, análisis espacial y gobernanza marina no es un complemento opcional: es una inversión en estabilidad y corresponsabilidad.
Actuar hoy con el mapa del mañana significa reconocer que la inacción también tiene consecuencias. El cambio climático está redistribuyendo especies, alterando patrones oceanográficos y modificando la productividad pesquera. Al mismo tiempo, crece la presión por nuevas actividades económicas en el espacio marino. Sin planificación, estos procesos pueden amplificar conflictos y degradar ecosistemas estratégicos.
La PEM ofrece una herramienta robusta para anticipar escenarios y orientar decisiones públicas hacia el equilibrio entre conservación y desarrollo. Contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y a la consolidación de una economía azul resiliente, inclusiva y basada en evidencia.
El desafío para nuestros países es elevar los temas oceánicos a la categoría de política de Estado. Esto implica invertir en ciencia marina, fortalecer marcos institucionales y garantizar procesos participativos genuinos. Significa comprender que el océano no es un espacio vacío por ocupar, sino un sistema complejo que sostiene vidas, economías y culturas.
La pregunta de fondo es simple: ¿queremos un futuro de conflictos y recursos agotados, o un mosaico de usos ordenados donde naturaleza y productividad prosperen juntas? La respuesta no está en discursos, sino en decisiones informadas. Y esas decisiones comienzan con un mapa construido con ciencia, diálogo y visión de largo plazo.
El autor es coordinador de Ciencias Colombia, Fundación MarViva.
