En el debate público panameño, la cultura suele ocupar un lugar secundario. Se le asocia con entretenimiento, eventos o celebraciones, pero rara vez se le reconoce como un componente estructural del desarrollo del país. Sin embargo, una mirada atenta revela que no es un adorno de la vida social, sino una dimensión fundamental que atraviesa la convivencia social, el bienestar y la democracia.
Las políticas culturales del siglo XXI surgen de este reconocimiento. No se trata únicamente de promover las artes, conservar los monumentos o gestionar instituciones culturales, sino de orientar la acción del Estado para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos culturales: participar en la vida cultural, acceder a bienes y servicios culturales, preservar sus identidades y desarrollar sus capacidades creativas. En este sentido, la cultura deja de ser un ámbito marginal para convertirse en un bien público y común que debe ser protegido.
En América Latina, este cambio de enfoque ha cobrado fuerza en las últimas décadas. Varios países han avanzado en la formulación de políticas que incorporan la diversidad cultural, la participación ciudadana y el vínculo entre cultura y desarrollo sostenible. Estas experiencias muestran que la cultura, además de enriquecer la vida simbólica de las sociedades, también contribuye a la cohesión social, la reducción de desigualdades y la construcción de ciudadanía.
Panamá se encuentra hoy ante un momento decisivo. La creación del Ministerio de Cultura y la aprobación de la Ley General de Cultura han sentado las bases para una nueva etapa institucional. En este contexto, la elaboración del Plan Nacional de Culturas adquiere una relevancia particular. Más que un simple documento técnico, el Plan es la herramienta que definirá el rumbo de la acción pública en materia cultural durante los próximos años.
Sin embargo, el valor de un plan no reside únicamente en su existencia, sino en su contenido y en su capacidad de implementación. Una política cultural contemporánea exige contemplar algunos elementos fundamentales. En primer lugar, un enfoque de derechos culturales que sitúe a las personas y comunidades en el centro de la acción pública. En segundo lugar, el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural del país, incluyendo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a las múltiples expresiones culturales que conviven en el territorio. En tercer lugar, fortalecer mecanismos de participación que permitan a la ciudadanía incidir en la definición, ejecución y evaluación de las políticas culturales, que complementen al Encuentro Nacional de Culturas, espacio de diálogo creado por la Ley General de Cultura, donde se está discutiendo la elaboración inicial del Plan. Por último, enfrentar los retos culturales que plantean las tecnologías digitales.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la dimensión territorial de la cultura. Panamá es un país diverso tanto en términos culturales como en sus realidades locales. Una política cultural efectiva debe ser capaz de dialogar con estas diferencias y de promover procesos culturales desde y con las comunidades. Del mismo modo, resulta indispensable articular la cultura con otros ámbitos del desarrollo, como el ambiente, la salud, la educación, la ciencia y tecnología, la economía y el bienestar laboral, evitando que quede confinada a un sector aislado.
El desafío, por tanto, no es menor. Implica pasar de una visión fragmentada y ocasional de la cultura a una política pública coherente, sostenida y orientada a resultados. Implica también construir capacidades institucionales, generar información para la toma de decisiones y establecer mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado y los gobiernos locales.
El momento actual ofrece condiciones propicias para que el proceso iniciado cumpla las expectativas. Con la suficiente claridad conceptual, voluntad política y compromiso colectivo, el Plan Nacional de Culturas puede convertirse en un punto de inflexión en la manera en que el país entiende y gestiona la cultura, pero, sobre todo, en la manera en que se entiende a sí mismo y garantiza el respeto a la igual dignidad de todos sus habitantes.
Docente universitario, investigador, gestor cultural, especialista en derechos culturales, legislación cultural y políticas culturales.
