La movilidad no es un lujo: es una condición básica para ejercer derechos. Sin transporte seguro y confiable, se limita el acceso a salud, educación y empleo. En un país con desafíos estructurales, las plataformas digitales han contribuido a cerrar brechas reales. Por eso, cualquier regulación debe partir de un principio simple: el usuario está primero.
El Decreto 331 de 2017 estableció un marco inicial para estas plataformas, con reglas claras para conductores, vehículos y reporte a la ATTT. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la prohibición del pago en efectivo y la limitación geográfica, el sistema alcanzó un equilibrio funcional, aunque abierto a mejoras.
Ese equilibrio fue ignorado por el Decreto 10 de 2026. Lejos de corregir, introdujo retrocesos: avales que encarecen sin aportar valor y tarifas que distorsionan la oferta y la demanda. El resultado es simple: el usuario pierde. Más recientemente, un nuevo proyecto de ley en la Asamblea insiste en el mismo error, intentando forzar no solo este modelo, sino buena parte de la economía digital, movilidad y “delivery”, en esquemas del pasado. Afirmar que no existe claridad sobre quiénes son los conductores resulta problemático, pues el Decreto 331 ya contemplaba mecanismos como el reporte a la ATTT y la exigencia de seguros por viaje. No es un detalle menor: evidencia una falta de rigor en el sustento técnico de la propuesta.
Más preocupante aún es lo que este intento regulatorio revela: una desconexión entre la evolución tecnológica y la visión de quienes diseñan la política pública. Regular no es forzar nuevas realidades dentro de estructuras del pasado. Es entender cómo funciona el ecosistema actual y construir sobre él.
La derogación del Decreto 10 y el nuevo plazo de 90 días abren una oportunidad. Pero sin un enfoque técnico y participativo, el riesgo de repetir errores sigue presente. Panamá no necesita copiar modelos, pero sí aprender de ellos para construir uno propio: estándares claros con la flexibilidad que exige la innovación.
Hay oportunidades concretas para avanzar. Las plataformas pueden aportar datos agregados que mejoren la planificación del transporte público y alineen la oferta con la demanda real. También pueden reforzar la seguridad mediante el seguimiento de viajes en tiempo real, el registro de trayectos para fines de investigación judicial y protocolos claros de colaboración con las autoridades en caso de incidentes. Todo ello debe ir acompañado de reglas claras de protección de datos que definan condiciones para el acceso, uso y resguardo de la información.
La trazabilidad tributaria es otra oportunidad. Permitiría formalizar a conductores, de plataformas y del sector taxi, como pequeños emprendedores, facilitando su acceso a crédito, seguros y otros productos financieros.
Integrar a taxistas que cumplan estándares dentro de las plataformas, sin obligarlas a adaptarse a modelos obsoletos, ampliaría sus oportunidades de ingreso al permitirles operar tanto en aplicaciones como en la calle. Esto fortalecería su seguridad y elevaría la calidad del servicio. Para quienes no cumplan, el rol del Estado debe ser facilitar su transición, no excluirlos.En un país donde el desempleo ronda el 10%, ampliar las oportunidades de ingreso debe ser prioridad. Los modelos de generación de ingresos flexibles no sustituyen el empleo tradicional, pero sí lo complementan.Panamá no necesita más parches regulatorios. Necesita una regulación moderna que ponga al usuario en el centro, promueva la competencia, eleve estándares y use la tecnología como aliada. Regular bien no es frenar; es hacer que el sistema funcione. Panamá merece un sistema que avance, no que se defienda del futuro.
La autora es abogada y especialista en política públicas.
